Bajo la sombra de Nayib Bukele: todas las claves del estado de excepción de Honduras contra la delincuencia y de qué manera influye El Salvador

Jennifer Ávila, directora del periódico digital hondureño 'Contracorriente', ha desvelado en 'Territorio Pampliega' la cara oculta de Honduras, un país que está apostando últimamente por medidas que recuerdan a otro país de América Central, El Salvador, para combatir la delincuencia, donde rige un “estado de excepción” desde principios del año pasado. El debate está servido, puesto que este estado de excepción atraviesa de alguna manera los derechos humanos y constitucionales. De hecho, Jennifer Ávila se muestra tajante al respecto: "Se violan los derechos humanos".

"Aquí se está aplicando eso porque es popular. Es una copia. A los seis meses del Gobierno ya estaban hablando de copiar el plan de control territorial y al año ya estaban copiando el estado de excepción", señala la directora de 'Contracorriente'. Un plan de excepción que no apoya el ciudadano hondureño, puesto que "no hay resultados como en El Salvador en cuanto a la baja de homicidios y desarticulación de pandillas".

Por otro lado, según Jennifer Ávila, Nayib Bukele es un genio de la publicidad y comunicación política: "Ha logrado lo que todos los presidentes sueñan que es ser un dictador popular, con el aplauso y la lealtad ciega de millones de personas".

Además, Jennifer señala que el actual Gobierno de Honduras hizo traslados a centros penales diferentes: "Las fotografías eran una copia exacta de las fotografías que Bukele subió en su día. Y la tercera fase de 'Solución contra el crimen' va a ser construir una cárcel en una isla", algo que también ha ocurrido en El Salvador.

"Muchos hondureños se tienen que ir del país"

El pasado 20 de junio de 2023, 46 reclusas fallecieron en una cárcel a manos de 15 pandilleras en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS): "Ya lo advirtieron y nadie hizo caso... y les masacraron. El hondureño vive todo esto en medio del fuego cruzado. Muchos se tienen que ir del país, puesto que si quieren poner un negocio tienen que pagar extorsión, pedir permiso en la pandilla o vender droga para poder operar. Hay un control muy fuerte y no hay una institucionalidad que los proteja".