Los Jordis entraron en prisión el 16 de octubre de 2017 después de que el ya ex juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, los citara a declarar a principio de ese mes junto al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. A los tres les imputaba un delito de sedición basándose en los actos "tumultuarios" que se produjeron durante el 20 de septiembre del año pasado.

Desde entonces, Sànchez y Cuixart han permanecido en prisión -primero en la madrileña Soto del Real y en la actualidad en Lledoners ,Barcelona- a pesar de que han solicitado reiteradamente su puesta en libertad. Además, el pasado 21 de marzo de 2018 eran procesados por rebelión, después de que la causa pasara a manos del Tribunal Supremo, instruida por Pablo Llarena.

El 20 de septiembre, determinante

Cuixart y Sànchez llamaron a la ciudadanía a manifestarse a las puertas de la Consejería de Economía de la Generalitat durante la noche del 20 de septiembre mientras estaba siendo registrada por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la preparación del 1 de octubre. Los presidentes de las entidades soberanistas pidieron a los manifestantes desde el capó de un coche de la Guardia Civil que continuasen allí durante toda la noche.

La entonces magistrada de la Audiencia Nacional, destacó en su momento el papel que ambos "tuvieron en los hechos, participando activamente en la convocatoria de las concentraciones, alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente de las mismas durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados".

El juez instructor del Supremo, Pablo Llarena, mantiene que debido a la concentración ni siquiera era "seguro que los integrantes de la comisión judicial salieran del edificio en esas condiciones". Asimismo, recuerda que la propia secretaria judicial tuvo que abandonar la sede a través de la azotea.