Rajoy mantiene la cartera de Igualdad integrada en Sanidad junto a Servicios Sociales, con Ana Mato al frente

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha decidido mantener la cartera de Igualdad conforme estaba en la última fase del gobierno socialista, integrada en el Ministerio de Sanidad junto a la cartera de Asuntos Sociales, que ha pasado a llamarse de Servicios Sociales. Al frente estará la actual vicesecretaria general del Partido Popular, Ana Mato Adrover.

Mato (Madrid, 1959), que ha coordinado la campaña electoral de los 'populares' y que concurrió a las generales como número 3 del PP, es licenciada en Ciencias Políticas y en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y fue profesora tutora de la UNED. Está separada y tiene tres hijos.

El principal desafío que se encuentra la nueva titular de asuntos sociales tiene que ver con la financiación, ya que el grueso de las políticas que gestionará están transferidas a las comunidades autónomas. Después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmase en su discurso de investidura que el único compromiso económico de 2012 sería la revalorización de las pensiones, son muchos los interrogantes sobre la continuidad de las partidas para políticas sociales a nivel nacional.

No obstante, tendrá que poner en marcha compromisos electorales del Partido Popular no exentos de polémica, como la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo a fin de que se impida a las menores de edad abortar sin consentimiento ni conocimiento paterno y "para reforzar la protección del derecho a la vida".

La financiación de la dependencia

En materia dependencia, la nueva responsable de éste área se encontrará con problemas severos de financiación tanto por parte de las comunidades autónomas como del Estado, los retrasos en la incorporación de dependientes al sistema que acumulan regiones como Valencia, Murcia o Canarias y la disfunción generada en la aplicación de la norma, por la que se conceden más prestaciones económicas que servicios asistenciales. En total, necesitará al menos 2.000 millones de euros para mantener el nivel acordado.

Aunque Rajoy dijo durante la campaña electoral que no veía sostenible el sistema, en su discurso de investidura introdujo de palabra el compromiso de mantener la atención a las personas dependientes, pero no ha concretado qué medidas se adoptarán para garantizar su viabilidad. Más de 740.000 personas están en el sistema, pero actualmente salen más de los que entran y la cifra lleva dos meses en descenso. Además, un tercio de los dependientes siguen sin recibir la atención a la que tienen derecho.

Violencia de género y menores

Por otra parte, en materia de violencia de género, Ana Mato se encuentra con un balance de 58 mujeres asesinadas en lo que va de año y un perfil que sigue apuntando una sobre representación de las extranjeras entre las fallecidas. Además, deberá afrontar las carencias en la implantación de unidades de valoración forense, la puesta en marcha de los nuevos protocolos de evaluación de riesgo y la falta de sensibilización social que arrojan las encuestas.

Sobre este asunto, las propuestas del Partido Popular en campaña electoral incluyen planes de protección personalizados de evaluación del riesgo, crear un "expediente único" para cada víctima, elaborar "protocolos generales de actuación" con criterios comunes de intervención, incrementar las dotaciones policiales y reformar la Ley Integral para incorporar a los menores de edad como sujetos de protección.

Queda por saber qué va a ocurrir con los programas desarrollados por asociaciones de mujeres y ONG para la atención de las víctimas de violencia de género que se financian con subvenciones desde el Estado, después de que el gobierno de Castilla-La Mancha (PP) decidiera suprimir estas partidas, así como habrá de concretarse qué va a suceder con los organismos hasta ahora dependientes del Ministerio de Igualdad, como la Delegación del Gobierno para la violencia sobre las mujeres.

En el área de menores, la nueva ministra deberá afrontar la elaboración de una Ley que recoja el consenso y compromiso parlamentario de modificar el sistema de adopción y acogida de menores en España. También tendrá que dar forma a los compromisos de campaña en materia de familia, que incluye el diseño y aprobación de un plan estatal de apoyo a la conciliación y a la maternidad, entre otros retos.