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Javier Pérez Royo, catedrático en la materia, señala si es constitucional el visado por puntos propuesto por Alberto Núñez Feijóo

Un catedrático en Derecho Constitucional analiza la propuesta de Feijóo. 'Todo es mentira'
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"Feijoo está perdido, trata de buscar su lugar entre el PP y VOX en cuanto al tema de inmigración", señalaba un crítico Risto Mejide al introducir en 'Todo es mentira' su reciente propuesta. El líder del Partido Popular propone clasificar a los migrantes con un visado por puntos, un sistema instaurado ya en países como Canadá o Australia que prima a quienes quieran trabajar en los sectores donde falta mano de obra, quienes hablen el idioma o contribuyan al orden.

A pesar de que al presentador le parece una perdida de tiempo debatir sobre cualquier medida de Feijóo porque "no las va a poner en marcha", sobre todo sabiendo que Mariano Rajoy ya lo propuso en 2008 cuando estaba en la oposición y nunca lo puso en marcha al llegar al Gobierno, en el programa reciben a Javier Pérez Royo, un catedrático en Derecho Constitucional, para descubrir si esta medida es o no inconstitucional.

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"El problema no es de constitucionalidad. Creo que el problema es político y no jurídico", apunta el experto. Y es que las Cortes Generales "tienen un margen muy amplio para regular la inmigración" y su "único límite" sería "seguir el contenido esencial de los derechos fundamentales", señala. Por lo tanto, el Partido Popular "tiene derecho a regularla y pueden hacerlo".

Para Javier Pérez, es importante saber que "la igualdad no es un derecho del ser humano por el hecho de serlo, sino que tiene un componente político: ser nacional del país en el cual quiere instalarse". De esta manera, el experto afirma: "Los españoles sí somos iguales, los extranjeros no son iguales a los españoles".

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¿La propuesta discrimina a los seres humanos?

Que unos migrantes tengan más puntos que otros por el mero hecho de haber nacido con el idioma le parece discriminatorio a Risto Mejide. Sin embargo, Javier Pérez Royo no considera que sea discriminación: "Por eso he dicho que la igualdad tiene un carácter antropológico de carácter universal solo por el hecho de ser humanos pero después tiene un componente político y por eso el artículo 13 lo reserva a los españoles".

"Yo no creo que sea anticonstitucional que se privilegie o se le de importancia a que se hable el mismo idioma en la medida en que eso facilita la integración en la sociedad española", señala. Por lo que concluye: "No creo que haya motivo de inconstitucionalidad"