A sus 62 años, Roberto está a punto de perder su vivienda de toda la vida. Tras comprarla por 500.000 pesetas hace más de 30 años, la Generalitat Valenciana exige ahora su desahucio porque el inmueble no está correctamente inscrito en el Registro de la Propiedad. Roberto está desesperado. Únicamente cobra una pensión de 560 euros, tras toda una vida como electricista.