La Abogacía del Estado va a estudiar la manera de anular este sindicato que pasó el filtro del Ministerio de Trabajo a principios de agosto e incluso apareció en el BOE y que ha dividido a los movimientos feministas de izquierdas, reabriendo el debate, nunca cerrado, de la legalización de la prostitución.
Ya lo adelantó ayer la portavoz de la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS): el sindicato se ha creado para defender los derechos laborales de las prostitutas. Aseguran que no es sencillo ni cómodo montar un sindicato.
Ni cómodo tampoco para los movimientos de izquierdas, divididos entre la legalización o el abolicionismo de la prostitución. El Gobierno socialista se apresuró a decantarse por lo segundo y el presidente lo apuntó en un tuit.
La creación del sindicato reconocería de facto que la prostitución es un trabajo. De hecho no es ilegal ni tampoco legal. Y ningún Gobierno, incluido los socialistas, la ha sacado del limbo legislativo. Su ejercicio libre no está penado. Sí lo está el proxenitismo, lucrarse de otra persona que ejerza la prostitución esté forzada o no.
No existen estudios rigurosos sobre el negocio del sexo. Un informe de Naciones Unidas calcula que unas 70 000 personas ejercen la prostitución en España. Algunas ONG aseguran que un porcentaje elevado ellas son inmigrantes víctimas de explotación sexual.
El sindicato podría tener una vida corta. El Ejecutivo anunció este viernes que la Abogacía del Estado ya estudia "la vía más rápida" para impugnarlo.