La ampliación a ocho semanas de los permisos por paternidad entrarán en vigor hoy lunes, 1 de abril. Así, los padres de todos los bebés nacidos a partir de hoy disfrutarán de ocho semanas de permiso. Un permiso, retribuido al 100%, que será intransferible. Si el padre no lo disfruta, no lo podrá ceder a la madre.
Los hombres que sean padres desde hoy tendrán ocho semanas de permiso. Las dos primeras semanas deberán disfrutarlas de forma ininterrumpida tras el parto. Las seis semanas restantes podrán ser de disfrute interrumpido y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses.
Aunque el real decreto entra en vigor hoy, su continuidad depende de que sea convalidado o no por la Diputación Permanente del Congreso --órgano que funciona al estar disuelta la Cámara—pero no se contempla la posibilidad de que el Parlamento lo tumbe.
Tal y como establece en el texto, el permiso de paternidad se ampliará de forma progresiva: se elevará a ocho semanas en 2019; a doce en 2020 y a 16 en 2021, igualándose así al de maternidad. Una vez equiparados, las seis primeras semanas posteriores al parto serán obligatorias e ininterrumpidas, y las diez restantes que tendrá cada progenitor serán a distribuir hasta que el bebé cumpla un año.
Este debate se producirá después de que la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso diese vía libre a debatir su convalidación, después de que los letrados de la Cámara confirmaran que las modificaciones que el texto realiza en la Ley de Igualdad de 2007 "no afecta a la parte orgánica" de la misma. Previamente, el Congreso pidió un informe jurídico sobre este decreto ley ante las dudas de constitucionalidad planteadas por Ciudadanos, a pesar de que desde el Gobierno defendieron su constitucionalidad desde el primer momento.
Según el Análisis de Impacto Normativo sobre el real decreto ley, la ampliación del permiso a ocho semanas en 2019 supondrán un aumento de 226 millones del gasto para el Estado, mientras que para las compañías será de unos 53 millones, como consecuencia de las cuotas empresariales.
La ampliación del permiso para 2020, supondrán 705 millones más anuales para el Estado y 166 para los empresarios. Esta cifra se elevará hasta los 1.107 millones de incremento en los Presupuestos Generales del Estado en 2021 y 261 millones en relación a las empresas, ya con las 16 semanas de permiso.
El Gobierno retrasó en varias ocasiones la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este decreto ley, demorando así su entrada en vigor, que se preveía para el día siguiente de aparecer en el boletín oficial. Sin embargo, al contrario de lo anunciado por el Ejecutivo en un primer momento, las medidas relacionadas con los permisos por paternidad por nacimiento no se harían efectivas hasta alrededor de tres semanas después: el 1 de abril de 2019.
Desde La Moncloa, justificaron el retraso en la aplicación de los permisos en la necesidad conceder un mayor plazo a la Seguridad Social y a las empresas para su adaptación. Previamente, la primera demora se debió a "un error" en el texto que debía subsanarse, sin ofrecer mayor concreción.
Las asociaciones de familias como la Plataforma de Permisos Iguales e Intransferibles (PPiiNA) celebró la ampliación del permiso, si bien avisó de las "trampas", en referencia a la simultaneidad de las primeras semanas, que "pueden conducir a que las mujeres cuiden mucho más y durante mucho más tiempo", según explicó a Europa Press la portavoz, María Pazos.
También la Plataforma de Madres Feministas por la Ampliación de los Permisos Transferibles (PETRA) afirmó que era una "ley patriarcal, puesto que aumenta los privilegios de los varones al tiempo que ningunea la maternidad como aportación social fundamental y como algo propio de las mujeres".
Por su parte, la fundadora de la Plataforma de madres feministas por los permisos transferibles (PETRA), Patricia Merino, desvinculó el problema de desarrollo laboral de las mujeres de los permisos. Según defendió a Europa Press, los permisos deben estar más en sintonía con los existentes en los países europeos avanzados, donde se caracterizan por la transferibilidad y en los que prima la libertad de las familias para organizarse, al tiempo que incidió en que "no existe demanda social de unos permisos iguales e intransferibles”.