La UE quiere que el 9 de mayo sea festivo en toda la Unión

Noticias Cuatro / Agencias 13/02/2019 13:03

El pleno del Parlamento europeo ha pedido que sea jornada festiva en toda la Unión el 9 de mayo, Día de Europa, con un texto que ha contado con 459 votos a favor, 170 en contra y 49 abstenciones plantea. Esta iniciativa forma parte de un informe más amplio sobre la Ciudadanía europea del que es ponente la eurodiputada española, Maite Pagazaurtundúa, y necesita que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE la respalden la medida para que llegara a aplicarse en todos los Estados miembros.

El objetivo va más allás: Se trata de crear un Estatuto que compile los derechos y deberes de los ciudadanos comunitarios, además de trabajar para ampliar estos derechos.

En España, ya tenemos ocho festivos a nivel nacional, cuatro a nivel autonómico y dos a nivel local, que de salir adelante esta idea sumarían unno más, el 9 de mayo. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, habría un mes de mayo muy festivos. Ya que en este mes en Madrid no son laborables el 1,2 y 15.

Reforzar el sentido de pertenencia mediante la educación

Los eurodiputados también piden más fondos para los programas educativos y de intercambio que pueden reforzar el sentido de pertenencia a la Unión Europea, como Erasmus+, el Servicio Voluntario Europeo y el Cuerpo Europeo de Solidaridad; así como incluir los asuntos europeos en el currículo escolar.

Además, llaman la atención sobre los obstáculos que siguen encontrando los europeos que se trasladan a vivir a otro Estado miembro, como por ejemplo las ayudas por hijo que viven en otro país de la UE o el derecho a la reagrupación familiar en el caso de parejas del mismo sexo.

También apuntan la necesidad de que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre la práctica de algunos Estados miembros de privar de derecho al voto a los ciudadanos que fijan su residencia en otro país comunitario.

Otro asunto de preocupación para los eurodiputados son los programas que existen en varios países de la UE que implica la "venta directa o indirecta" de la ciudadanía europea y pide al Ejecutivo comunitario que vigile estas ventajas.