La composición de del Tribunal de la Universidad Camilo José Cela que evaluó la tesis que le otorgó a Pedro Sánchez el doctorado cumplía todos los requisitos legales. A pesar de ello, sus cinco miembros están en el ojo del huracán.
Santiago Pérez Pérez-Camarero, entonces profesor asociado de la Universidad de Castilla-La Mancha, se doctoró en septiembre de 2012, solo dos meses antes de calificar la tesis del jefe del Ejecutivo. Está especializado en natalidad en la Unión Europea (UE). Nada que ver con la diplomacia económica, ámbito de trabajo de Snachez. Cabe recordar que su tesis se titula ‘Innovaciones de la diplomacia económica española: Análisis del sector público (2000-2012)’
Juan Padilla Fernández-Vega y Alejandro Blanco Fernández, otros dos miembros del tribunal, se doctoraron solo un año antes en la misma Universidad. Sus trabajos, como el del jefe del Ejecutivo, también los dirigió María Isabel Cepeda, actualmente profesora de Historia Económica en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Juan Padilla escribió con Sánchez un artículo cuatro meses antes de la evaluación del presidente.
Ricardo José Rejas Muslera, es el cuatro miembro del tribunal y es profesor de la UCJC.
La presidenta del tribunal fue la profesora sin plaza en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Cristina Ruza y Paz-Curbera, la única mujer, que obtuvo el doctorado siete años antes, en 2005. Era la miembro de mayor categoría académica y por eso fue presidenta. En el tribunal que juzgó a Sánchez no había ni catedráticos, ni profesores titulares.
La ley dice que “la totalidad de los miembros que integren el tribunal deberán estar en posesión del título de Doctor y estará formado por una mayoría de miembros externos a la Universidad”. Con la ley en la mano, el tribunal cumplía con la norma. Para obtener la calificación, el trabajo tiene que contar con el voto secreto positivo de forma unánime y en este caso, así fue.