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Los 12 acusados por el procés serán condenados por sedición, no por rebelión. Al menos esa es la información a la que han tenido acceso los medios y que al presidente del tribunal, Manuel Marchena, no le ha gustado. Oriol Junqueras se llevaría la mayor pena de entre todos los procesados: 12 años. Las protestas han comenzado ya este domingo con las primeras manifestaciones en las calles de Barcelona.
El Tribunal, por unanimidad, se decanta porque hubo violencia, pero no como elemento de un plan organizado, sino como algo espontáneo. Por eso los 12 procesados serán condenados sedición, delito que considera perfectamente acreditado por la Abogacía del Estado.
La Fiscalía iba más allá y pedía una condena por rebelión, que iba hasta los 25 años de cárcel.
Sin embargo, con la sedición, el máximo es de 14 años. Según las filtraciones, Oriol Junqueras será condenado también por malversación y sumaría doce años de cárcel y otros tantos de inhabilitación. Once y medio para Romeva, Turull, Rull, Forn y Dolors Bassa. Sólo sedición, Carme Forcadell, 10 años, y los Jordis, Sánchez y Cuixart, ocho. De siete años que se solicitaban por desobediencia grave a Santi Vila, Meritxel Borrás y Carles Mundó, se podría quedar en multa e inhabilitación.
La Fiscalía ha pedido expresamente que no se puedan beneficiar del tercer grado hasta que hayan cumplido la mitad de la condena, como establece el Código Penal. En cualquier caso, el Supremo debe hilar fino la sentencia porque ya se han anunciado recursos al Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La reacción en las calles no se hará esperar. De hecho ayer se vivieron las primeras movilizaciones, con cortes en algunas calles principales de Barcelona y ocupación de parte de la estación de Sants.
En el uso de la violencia está la clave. Los 12 acusados no eligieron un modelo similar de defensa pero todos optaron por negar el uso de la violencia. “Nunca, nunca, nunca, somos buenas personas, pacíficos…” dijo Oriol Junqueras y le quitaron importancia a situaciones como el registro de la consejería de economía el 20 de septiembre de 2017, donde la secretaria judicial tuvo que salir a escondidas y escoltada.
Joaquim Forn hablo de un “relato peliculero” y Jordi Cuixart dijo que nunca vio tensión.