Los manifestantes nicaragüenses no se rinden después de tres meses de protestas contra Ortega

"Aquí no se rinde nadie", dice a Reuters bajo condición de anonimato uno de los líderes del Movimiento 19 de Abril que escapó el martes de Monimbó, un pequeño poblado indígena situado 30 kilómetros al sur de Managua que ha sido asediado y tomado por fuerzas leales a Ortega.

"Esto es como una pausa y volvemos", sostiene. Ahora comparte una casa con varios compañeros que, como él, lograron escapar de la ofensiva 'orteguista' del martes, que dejó dos muertos, un joven manifestante y un policía, de acuerdo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Grandes marchas, protestas esporádicas o aumentar la presión internacional son algunas de las opciones que barajan los líderes del movimiento antigubernamental. Para los próximos días, en los que se celebra el 39º aniversario de la Revolución Sandinista, hay previstas varias concentraciones en todo el país.

Este miércoles, el movimiento campesino se ha manifestado frente a la cárcel de El Chipote, para exigir la liberación de los manifestantes detenidos. Según datos recabados por el CENIDH, actualmente hay 226 presos políticos la nación centroamericana.

Sin embargo, en Monimbó algunos vecinos se alegran de que la ciudad haya sido "liberada". "Tengo una tiendita y desde que empezó esto llevo tres meses sin trabajar", se queja Sagrario Morales. "Ahora estoy alegre, alegrísima. No quiero que vuelvan estos desgraciados", afirma.

Crisis en el país centroamericano

La protestas comenzaron en abril por una reforma de la seguridad social que aumentaba las contribuciones de empresarios y trabajadores y por primera vez ponía a cotizar a los jubilados, pero poco a poco aumentaron hasta reclamar la "democratización" de Nicaragua.

Ortega retiró la polémica reforma y ofreció un diálogo con la mediación de la Conferencia Episcopal que después de varias sesiones se ha estancado porque el presidente se niega a abandonar el cargo para dar paso a unas elecciones anticipadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha visitado varias veces el país en estos tres meses, ha denunciado graves abusos por parte de las fuerzas regulares y de grupos armados afines al Gobierno.