Vox no cambiará una coma del acuerdo PP y C's pero da 19 propuestas y el PP habla de locura

Vox ve necesario acabar con los 36 años de "corrupción" en la Junta de Andalucía, de luchar contra la inmigración ilegal o de recuperar los niveles de calidad en la sanidad. "Sólo tenemos dos líneas rojas, las de la bandera de España", ha aseverado Ortega Smith, secretario general del partido, poniendo el foco en los problemas nacionales.

Pero sus 19 propuestas ya han sido calificadas de locura por parte del PP, no se sabe si como juego político o como realidad. Para los populares el documento es "inaceptable" y "varios de los puntos son un auténtico despropósito" que la formación conservadora "no puede respaldar". "Con este documento Vox demuestra que no quiere un acuerdo", ha declarado un portavoz de Génova. "Si Vox no cambia su posición, estará desperdiciando una oportunidad histórica para que haya un cambio en Andalucía después de casi 40 años de socialismo", ha continuado.

A pesar de este primer desencuentro, ambas delegaciones han quedado en volver a verse mañana para seguir negociando.

1. Declaración institucional de la presidencia de la Junta a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público. Y que promueva la libertad e igualdad de todos los españoles. Propuesta de reforma estatutaria para suprimir el término "realidad nacional".

2. Declaración institucional de la presidencia de la Junta de condena al discurso de odio y exclusión que algunos líderes políticos y medios mantienen desde las elecciones del 2 de diciembre contra los votantes y representantes de Vox. Con especial condena de los ataques, calumnias y amenazas que se han proferido.

3. Reducción del gasto político y del gasto redundante:

- Reducción drástica (75%) de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales. Con el horizonte final de lograr su completa eliminación.

- Supresión de las subvenciones a las asociaciones y ONGs ideológicas (todas aquellas dedicadas a la promoción de determinada visión ideológica) independientemente de su naturaleza comunista, feminista, progresista, liberal o conservadora.

- Igualmente, supresión de la administración paralela y todo Instituto o Agencia que no acredite fuera de toda duda su utilidad pública.

- Eliminación de las ayudas exteriores, que deben ser competencia exclusiva del Estado. Instar a los municipios a que también cesen en estos gastos que no son de su competencia.

- Supresión de las “embajadas comerciales” (Red Extenda) de la Junta e integración de sus funciones en el servicio Exterior de España.

- Estudiar si existen otras duplicidades con el Estado para su ahorro.

- Realización de una auditoría externa que fiscalice las subvenciones concedidas en los últimos años. Estudio jurídico para reclamar los fondos que no hayan tenido una evidente utilidad pública.

- Realización de una auditoria externa de las cuentas de la Junta, encabezada por persona de reconocido prestigio en la lucha contra la corrupción.

4. Rebaja fiscal:

- Bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

- Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: reducción del tipo de gravamen al 0.5% (en la actualidad es 1.5%) en los Actos Jurídicos Documentados; en las Transmisiones Patrimoniales Onerosas reducción del tipo impositivo al 5% en las de inmuebles y al 4% en otras transmisiones. El Impuesto del Patrimonio será mantenido solo como instrumento de control, reduciendo al 0% su tipo impositivo.

- Simplificación de los escalones y reducción de los tipos impositivos del tramo autonómico del IRPF. Introducción de desgravaciones por número de hijos y gastos educativos. El tipo máximo, sumado al del tramo nacional, no deberá superar el 45%. Acabar con la duplicidad administrativa que supone la existencia de la Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda y la Agencia Tributaria de Andalucía.

5. Medidas contra la inmigración ilegal:

- Colaborar con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados. La Junta de Andalucía encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía.

- Terminar con el efecto llamada: suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales.

- La Junta promoverá, en el ámbito jurídico y administrativo correspondiente, la ilegalización de organizaciones que, cooperando con las mafias de tráfico de personas, favorezcan la inmigración ilegal.

- Evitar el “turismo sanitario” en cooperación con la policía y los consulados de España en el extranjero.

6. Radiotelevisión andaluza y libertad de prensa:

- Liberalización del régimen de concesión de licencias de radio y televisión. La regla general debe ser la libertad de frecuencias para quienes cumplan los requisitos técnicos mínimos necesarios. Sólo cuando las solicitudes de licencias excedan al número de frecuencias se establecerá un concurso con criterios calidad y de diversidad para evitar monopolios informativos.

- Radiotelevisión andaluza: Compromiso de reducción de costes de al menos el 50%, sin que afecte a los sueldos más bajos. Eliminación de tres de los cuatro canales televisivos. Garantizar su neutralidad política e ideológica.

- Supresión de organismos públicos de control de medios de comunicación, como el Consejo Audiovisual de Andalucía.

7. Creación de una Consejería de Familia y Natalidad para:

- Aprobar un Plan Integral de Fomento de la Natalidad y una campaña de concienciación de la gravedad del invierno demográfico. Especial apoyo a las familias numerosas.

- Introducir amplias desgravaciones fiscales proporcionales al número de hijos, y medidas de conciliación trabajo-familia para los padres.

- Ampliar la red de guarderías.

- Promover de manera transversal en todos los organismos y políticas una perspectiva pro-familia y pro-natalidad.

- Prestar especial atención a las mujeres con embarazos no deseados, proporcionándoles información, asistencia y alternativas para que puedan evitar el drama del aborto. Asegurarse de que ninguna de ellas reciba coacciones o presiones de su entorno que la obliguen a abortar. Vigilancia del cumplimiento efectivo de la Ley de Autonomía del Paciente, que prescribe informar sobre los riesgos de la intervención.

- Impulsar un Plan Andaluz de Adopción.

8. Plan de Extensión de Cuidados Paliativos en la sanidad pública:

- Entre otras medidas, reforzar las Unidades del Dolor en toda la red sanitaria.

9. Plan para evitar la discriminación de los andaluces que viven en otras regiones de España:

- Asistencia legal y económica de la Junta para que los andaluces que residan en otras comunidades no se vean obligados a escolarizar a sus hijos en una lengua regional.

- Asistencia de la Junta para que los andaluces que trabajen en otras comunidades no sufran discriminaciones laborales ni de ningún tipo por razón de su origen y su lengua.

10. Libertad de educación:

- La Junta garantizará el derecho constitucional de los padres a que sus hijos reciban la formación moral de acuerdo a sus propias convicciones. Para ello se implantará un “PIN parental” con el objeto de que los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral contraria a sus convicciones.

- Garantía de que los centros de formación no difundirán ninguna ideología que niegue hechos científicos indubitados, con especial atención a la biología.

- Se defenderá la coexistencia de la educación, pública, privada y de iniciativa social (concertada).

- Se desistirá del hostigamiento que la Junta ha venido ejerciendo contra los modelos educativos de educación diferenciada, consolidando el derecho de los padres a elegir el modelo educativo. Ampliando la oferta educativa, se estudiará si existe demanda suficiente para la apertura de centros públicos de educación diferenciada.

- Reducir la disparidad de las condiciones laborales y de enseñanza entre la escuela pública y la de iniciativa social. Ampliar el concierto al bachillerato.

- Libre elección de centro: derogación de la normativa zonal.

11. Control del fundamentalismo islámico:

- La Junta de Andalucía colaborará con todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza fundamentalista.

- Se exigirá a las autoridades islámicas una total cooperación para la identificación y expulsión de elementos radicales, vigilando que sus enseñanzas no animen a la violencia, y poniendo especial atención en la protección de la mujer.

- Supresión de subvenciones a asociaciones islámicas.

12. Derogación de la "Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía" (Ley 2/2017 de 28 de marzo):

- Esta ley impone, de forma totalitaria, una versión sesgada de la historia andaluza en el periodo 1931-1982.

- En su defecto, supresión de todos los apartados de la ley que establezcan como indubitadas cuestiones en discusión histórica, afirmaciones puramente ideológicas o que interfieran en la libertad de pensamiento, de expresión, de investigación y de educación.

13. Fiesta nacional y Fiesta de Andalucía:

- El Doce de Octubre se celebrará en las instituciones que dependan de la Junta, incluidos los centros escolares, con prioridad sobre cualquier otra fecha, poniendo especial relevancia en la contribución histórica de los andaluces a la defensa de la unidad, libertad y prosperidad de España.

- El Día de Andalucía pasará del 28 de febrero al 2 de enero, en conmemoración de la culminación de la Reconquista.

14. Ley de Protección de la Cultura Popular y de las Tradiciones del mundo rural, que incluirá el flamenco y otras expresiones folklóricas, las tradiciones, las artesanías, la Semana Santa, etc.

15. Ley de protección de la tauromaquia y de la actividad cinegética, que reconozca y valore la aportación económica y ecológica de estas dos realidades tan ligadas a Andalucía.

16. Derogación de la “Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género”.

- Sustitución por una Ley de Violencia Doméstica que no prejuzgue el sexo del agresor, respete adecuadamente la presunción de inocencia, no instituya una enorme burocracia “de género” y no facilite la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacista. (Especialmente, suprimir en la nueva regulación el art. 30, que permite que la condición de víctima de “violencia de género” sea acreditada, no por sentencia judicial, sino por: “a) Certificación o informe de los servicios sociales y/o sanitarios de la Administración Pública competente; b) Certificación o informe de los servicios de atención a víctimas de la Administración Pública competente; c) Certificación o informe de los servicios de acogida de la Administración Pública competente”; cf. art. 1 bis: “A efectos de la presente Ley, se considerarán víctimas de violencia de género y tendrán reconocidos los derechos de esta norma sin necesidad de interposición de denuncia”; también los artículos que ordenan la lluvia de subvenciones a las asociaciones clientelares, como el art. 9: “La Administración de la Junta de Andalucía apoyará las iniciativas de las asociaciones de mujeres”, y los que prevén un adoctrinamiento permanente sobre “perspectiva de género” a la infancia y la sociedad en su conjunto: art. 8, art. 22, etc.).

17. Derogación de la “Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía”.

Los derechos de las personas de orientación homosexual están ya reconocidos en las leyes ordinarias y la Constitución. España no es un país “homófobo” que necesite leyes especiales. La Ley 8/2017 atribuye privilegios injustificados a las asociaciones LGTB, como el derecho a interferir en la educación, a contar con órganos específicos en la Administración y a recibir subvenciones.

18. Derogación de la “Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía”:

Esta ley interviene totalitariamente en todos los niveles de la sociedad con el pretexto de promocionar a las mujeres, y partiendo de la premisa errónea de que, si no se alcanza una ratio 50/50 en todos los ámbitos, es porque las mujeres han sido discriminadas. La igualdad de derechos está garantizada en España desde hace décadas. Es necesaria la supresión del bosque de organismos, comisiones, observatorios, etc., dedicados a la imposición de la “perspectiva de género” (algunos, previstos en esta Ley andaluza de

Igualdad; otros, en la Ley andaluza de Violencia de Género).

19. Vox declara que no prestará su apoyo parlamentario para la implantación, asignación de presupuesto y/o desarrollo de leyes ideológicas que a su juicio vulneran derechos y libertades. (ley 12/2007, ley 13/2007 y ley 8/2017).