El Gobierno deja claro que la Iglesia no puede apropiarse de bienes públicos y dirá cuáles son del Estado

Con la Iglesia se va a topar el Gobierno, que anuncia que le reclamará los bienes públicos que ha inscrito a su nombre. Es el caso de la Mezquita de Córdoba. El obispado la registró pagando una tasa de 30 euros en el año 2006. “Son bienes que han pertenecido siempre a la ciudadanía y que nunca se cuestionó”, explica Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil UCO.

Hasta 40.000 inmuebles la iglesia ha inmatriculado de esta manera. Entre ellas, la Catedral de Sevilla, con su universal Giralda en 2010; o la Catedral de Zaragoza en el 87.

“Son la punta del iceberg del mayor escándalo inmobiliario de la historia de España”, apunta Antonio Manuel Rodríguez.

La iglesia actuaba como un notario, registrando como suyo lo que le parecía. Se amparaba en una legislación franquista derogada en 2015 por Gallardón. Ahora, Patrimonio reclamará muchos de estos inmuebles, porque la apropiación de bienes de dominio público está prohibida por ley. La iglesia ya ha respondido: sus obispos hablan de una nueva desamortización.