El Gobierno reconoce ya que jubilarse a los 62,7 años va a ser un sueño imposible

Fuentes del Ministerio de Trabajo han indicado que su intención de elevar la edad real de jubilación coincide con las recomendaciones que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha realizado en su informe para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.

La edad de jubilación efectiva en 2018 en España se situó en 62,7 años frente a una edad legal ligeramente superior a los 65 años. La AIReF prevé que la edad real de retiro alcance en 2027 los 64,5 años y ve posible llegar a un aumento de la edad efectiva mediante distintas vías que no impliquen necesariamente un aumento generalizado de la edad legal, aspecto en el que coincide el Ministerio de Trabajo.

En los cálculos recogidos en su informe de pensiones, la AIReF simula un aumento de un año en la edad efectiva, desde los 64,5 años en 2027 hasta 65,5 años en 2048. Esta medida, explica, supondría una contención adicional del gasto en pensiones de entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales en 2048.

El Ministerio de Trabajo comparte la intención de llevar la edad real de jubilación hasta los 65,5 años durante los próximos 30 años sin elevar la edad legal de jubilación. Sin embargo, fuentes de este Departamento insisten en que este incremento es una medida a largo plazo que se debatirá en los próximos meses.

No obstante, el Gobierno ha dejado claro que una cuestión así debe ir acompañada de una reflexión "profunda" sobre la tasa de reemplazo, de incentivos a la continuidad en el mercado de trabajo y de introducir marcos flexibles entre actividad y jubilación.

Desde Trabajo se ha resaltado que la evolución del mercado de trabajo en la sociedad hace que la gente tienda a jubilarse más tarde, ya que los puestos de trabajo son cada vez "menos penosos" y se automatizan más los procesos. Así, cada vez tienen más peso las actividades que se pueden hacer sin problemas a partir de una edad avanzada.

Por otro lado, el Ejecutivo también se ha mostrado favorable a extender el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión (ahora son 22 años y serán 25 años a partir de 2022).

La AIReF recomienda en este punto elevar el periodo de cálculo más allá de los 25 años y hace una simulación sobre lo que supondría situar en 2027 este periodo de cómputo en 35 años: el gasto en pensiones se contendría en medio punto del PIB en 2048. En esta línea, Trabajo se muestra favorable a esta medida porque acercaría la legislación española a estándares europeos y no debería producir "efectos negativos".

Asimismo, el Gobierno ha afirmado que comparte las reflexiones de la AIReF publicadas esta semana en relación con la situación demográfica y considera que es necesario un refuerzo "considerable" de las políticas de familia y apostar por una política migratoria abierta.

Para el Ejecutivo, la inmigración no es un fenómeno negativo y considera que es imprescindible corregir esta percepción equivocada a través de las políticas públicas. "Las personas que piensan que la inmigración supone un riesgo están poniendo, de alguna forma, en riesgo la sostenibilidad de las pensiones", aseguran en el Ministerio.

Según las cuentas del Gobierno, la evolución del gasto en pensiones es similar a la proyectada por la AIReF y situaría el gasto en pensiones en un 13,4% del PIB en 2048. En este punto, se ha dejado claro que este incremento del gasto se debe al aumento del número de pensionistas y a las carreras de cotización durante la democracia conllevan mejores bases de cotización que las producidas durante el franquismo.

En este punto, el Ejecutivo ha afirmado que más de una cuarta parte de las personas que se jubilan lo hacen obligadas por normativas "inexplicables o a punto a extinguirse en su actual formulación", como es el caso de la jubilación parcial. La consecuencia final de esta acumulación de factores es "una evolución de déficit exagerada", que ha pasado del 0,1% del PIB en 2010 al 1,5% en los últimos años.

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno se inclina por una discusión serena en las mesas del diálogo social y del Pacto de Toledo para identificar qué gastos deben ser financiados por las cotizaciones sociales y qué gastos deben recibir financiación tributaria.

Sobre el factor de sostenibilidad, el Ejecutivo ha apuntado que es partidario de aplicar fórmulas más flexibles y adaptadas a los diferentes colectivos, antes que establecer una fórmula que se aplique de forma taxativa a todo el mundo. Aunque el Gobierno empezará a trabajar en las propuestas emitidas por la AIReF en las próximas semanas, ha dejado claro que no alcanzará ningún acuerdo sin el visto bueno de agentes sociales y del Pacto de Toledo.