Las claves de la Ley de Consumo Sostenible: el ecopostureo, el petróleo y la reduflación, en el punto de mira
Se prohíbe la publicidad de vuelos cortos cuando ese mismo viaje se puede hacer en tren, en coche o en autobús
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El Consejo de Ministros aprueba su anteproyecto de la norma que va en contra de los combustibles fósiles. Se trata de la nueva Ley de Consumo Sostenible. Entre los puntos más destacables se encuentra la prohibición de la publicidad de los combustibles fósiles de los vehículos que solo se muevan con estos combustibles fósiles y del 'ecopostureo'. Es decir, venderse como' ecofriendly', respetuoso con el medio ambiente cuando en realidad estás vendiendo productos contaminantes.
Se prohíbe la publicidad de vuelos cortos cuando ese mismo viaje se pueda hacer en tren, en coche o en autobús tardando menos de dos horas y media. Y también quieren acabar con la obsolescencia programada, es decir, que de repente el móvil deje de funcionar bien a los dos o tres años.
Se prohíbe la publicidad de productos energéticos compuestos por derivados de origen fósil
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, asegura que se trata de “una ley ambiciosa que incluye muchas medidas”. "En España, el 1% de la población contamina más que 12 millones de personas. Y por eso, el negacionismo climático del señor (Alberto Núñez) Feijóo y de la ultraderecha es una cuestión de clase social porque son los ricos quienes más contaminan, pero son los pobres quienes más pagan los efectos del cambio climático".
Entre las principales medidas destaca la prohibición de la publicidad de productos energéticos compuestos por derivados de origen fósil, como la gasolina, en los que no participan componentes renovables. La limitación se aplicará cuando los anuncios sean emitidos por empresas del sector del carbón o del petróleo. Se prohíben los anuncios de vuelos cortos cuando exista una alternativa más limpia.
Consumo regulará la 'publicidad del miedo'
Consumo regulará la conocida como 'publicidad del miedo'. Se trata de anuncios que presentan escenarios extremos o improbables como robos violentos para generar una sensación de urgencia o vulnerabilidad en las personas. Así, tendrán que llevar información cuantitativa que permita hacer una valoración del riesgo. "Hay ejemplos notorios en nuestro país de algunas industrias publicitarias que trabajan de manera sistemática estas sensaciones", afirma el ministro.
También aplican medidas contra el ‘ecopostureo’ o ‘greenwashing’, las técnicas de comunicación engañosas o alegaciones medioambientales utilizadas por algunas empresas para publicitar sus productos. La ley prohibirá que las empresas realicen afirmaciones genéricas y no comprobables sobre la sostenibilidad. Se establecerá un sistema para certificar aquellas valoraciones que se hagan sobre cualidades o virtudes de un producto.
Las empresas tendrán que informar de la famosa reduflación
En cuanto a la obsolescencia programa, la normativa incentiva la reparación de productos durante el plazo legal de garantía para aumentar este plazo en 12 meses adicionales cuando se opta por la reparación en vez de por la sustitución. El comercializador deberá asumir el 20% del coste de la reparación durante los dos primeros años al acabar el plazo de garantía legal.
Las empresas van a tener que informar de la famosa reduflación, que se produce cuando reducen el contenido de, por ejemplo, una bolsa de patatas pero cobran el mismo precio. Las empresas dispondrán de un plazo de máximo 90 días desde la primera comercialización para indicar de forma legible y visible de las nuevas características.
En la lucha contra la reventa descontrolada de entradas, no se podrá aumentar el precio por encima del IPC. El objetivo es combatir la reventa atacando el beneficio económico que supone para los actores del mercado. "Es una práctica abusiva, especulativa, que no aporta ningún valor a la industria cultural, pero que sí hace que se establezcan barreras de clase para el acceso y el disfrute de la cultura", concluye el ministro sobre este proyecto de ley que volverá a ser debatido en el Consejo de Ministros y que pasará por el Congreso de los Diputados.