La polémica con el máster de Cifuentes y el de Pablo Casado pone el foco sobre el Instituto de Derecho Público donde se impartieron y su director. Y es que el centro podría haber recibido hasta 460.000 euros del Gobierno entre los años 2005 y 2010 a través de convenios y contratos a medida para cursos que empezaron a impartirse antes de que se hubieran adjudicado.