Preguntado por los medios congregados a las afueras de las dependencias judiciales sobre si debe ser él quien autorice la operación, el magistrado ha respondido afirmativamente: "Yo entiendo que sí, al Juzgado no le es indiferente. A quien compre le puede dar igual, pero no en qué condiciones se compre y el destino que se le tenga que dar a ese dinero".
Y es que para la consolidación del acuerdo de venta, cifrado en más de seis millones de euros, la vía natural es recibir el permiso de Castro puesto que el inmueble fue embargado en lo que respecta al 50 por ciento propiedad de Urdangarin al no haber hecho frente a la fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros, posteriormente reducida a 6,1 millones, que a finales de 2013 le fue impuesta de forma conjunta con su exsocio, Diego Torres.
En cualquier caso, el juez ha manifestado que la defensa de los Duques de Palma aún no le han transmitido nada en este sentido, como tampoco, ha asegurado, durante el encuentro que el pasado lunes mantuvo con él el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives.
Junto a la mitad del inmueble ubicado en la calle Elisenda de Pinós de Barcelona, Castro también acordó el embargo de otras tres viviendas, dos trasteros y dos garajes situados en Palma y Terrassa, e inscritos a nombre de la mercantil Aizoon, titularidad también de los Duques e investigada por haber servido al matrimonio para defraudar a Hacienda.