El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia que obliga a una empresa a readmitir a un trabajador al que instaló un GPS en su coche particular para comprobar si realizaba actividades incompatibles con su situación de incapacidad temporal.
La Sala de lo Social considera que la empresa vulneró su derecho a la intimidad por colocar el dispositivo de control de manera permanente en un bien que era propiedad del empleado y hacerlo en "contra de su voluntad".
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Aurelio Desdentado, recalca que la compañía se excedió al llevar a cabo una forma de control que no guardaba proporcionalidad con los derechos fundamentales que estaban en juego.
El alto tribunal desestima así el recurso que presentó una empresa de Bilbao contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que confirmaba la resolución dictada anteriormente por un juzgado de Bilbao.
Este juzgado había ordenado que la compañía readmitiera al empleado y le abonara los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, a razón de 140,18 euros al día.
SE LE DIAGNOSTICÓ DOLOR DE BRAZO
Según el relato de hechos probados, Joaquín I. trabajaba desde 1976 como ayudante de obra y su trabajo consistía en desplazarse a bordo del vehículo de la empresa o a pie para controlar el trabajo que llevaba a cabo el personal que se encontraba bajo su responsabilidad.
El 17 de junio de 2010, el trabajador inició un proceso de incapacidad temporal por una enfermedad común. A pesar de que se le diagnosticó "dolor de brazo", la empresa descubrió que conducía su vehículo particular y realizaba "esfuerzos físicos" durante el tiempo en que permaneció de baja.
La empresa contrató un detective privad