La Generalitat sigue echándole la culpa de este incendio a la eléctrica que le cortó la luz a Rosa y le obligó a iluminarse con velas. Pero Gas Natural-Fenosa afirma que la ley no está desarrollada, y que no establece cómo deben averiguar las empresas si la persona a la que van a cortar el suministro está en situación de pobreza. De hecho, Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene una ley de pobreza energética funcionando. Obliga a las empresas a informarse de la situación económica del usuario al que quieren cortar la luz. Aragón acaba de aprobar su propia norma hace diez días, aunque no obliga a las compañías a saber si el hogar tiene riesgo de pobreza. En el resto de España son los ayuntamientos los que suelen informar a las eléctricas de su población vulnerable. Las comunidades, por su parte, contemplan fondos públicos para ayudar a pagar las facturas, y en todo el país hay, desde que lo implantó en 2009 el gobierno de Zapatero, el bono social, que le reduce un 25% la luz a familias en riesgo.