El exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras; el diputado de JxCat Jordi Sànchez; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el exconseller Raül Romeva han ingresado sobre las 13.30 horas en la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), han informado fuentes de los Servicios Penitenciarios de la Generalitat.
En paralelo, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa, están de camino a la cárcel de Puig de les Basses, en Figueres (Girona), tras salir hoy de Alcalá-Meco, en Madrid.
Los cuatro políticos varones salieron de las cárceles de Estremera y Soto del Real el lunes, pasaron la noche agrupados en el centro de Valdemoro (Madrid) y este martes fueron conducidos a la prisión de Zuera, en Aragón, desde donde han salido la mañana de este miércoles con destino a Catalunya.
Antes de llegar a Lledoners, los cuatro políticos han hecho una parada técnica en el centro catalán de Brians II, donde han tomado el relevo del traslado los Mossos d'Esquadra.
Recibidos por los independentistas
A las puertas del centro penitenciario se han concentrado una veintena de personas vistiendo camisetas amarillas, con banderas independentistas y carteles con los mensajes de 'Libertad presos políticos' y 'Os queremos en casa'.
Los Mossos d'Esquadra han hecho un cordón policial para dejar la carretera libre y evitar que los manifestantes estuvieran en la vía.
Reacciones políticas al traslado
Desde ahora, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart ya serán competencia de la Generalitat pero el Gobierno confía en que tendrán el mismo trato. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo en una entrevista que "cómo nos va a preocupar, tenemos confianza en el conjunto de las instituciones. No podemos generar desconfianza cuando además no hay razones para generar desconfianza."
Pero la oposición dispara contra la decisión del Gobierno de Sánchez. Para el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo que "por ser amigos del presidente en la moción de censura, uno no puede tener privilegios penitenciarios, da igual si es por un golpe de Estado, da igual si es porque han asesinado en nombre de ETA".
Desde la Generalitat, su portavoz, Elsa Artadi, en cambio, dijo que "lo único que están haciendo es cumplir la ley y, por tanto, no forma parte de ningún acuerdo con ningún Gobierno".