Primero descartó la rebelión, y ahora, el tribunal de Schleswig-Holstein, duda sobre la maversación. Por ello, los jueces alemanes piden más información al juez Llarena antes de decidir si extraditar o no a Puigdemont. Reconocen que el expresident generó los costes del referéndum, que la Guardia Civil estima en 1 millón 600 mil euros. Pero no ven probado que estos fueran sufragados con dinero de la Generalitat. Así lo argumentó Puigdemont ante los jueces alemanes, que también lo cuestionan: se contrajo una deuda, sí, pero no se ha demostrado que se saldara con fondos públicos. Cuestión de fondo, no de forma, que planteó también la ministra alemana de Justicia, Katarina Barley. Lo publicó un periódico del país, hoy su portavoz matiza: dice que la ministra no autorizó las declaraciones y que no tomó, ni va a tomar, una postura en el proceso judicial... La propia ministra ha llamado a Rafael Catalá para aclararlo. En Cataluña, el tiempo sigue corriendo. La novedad es la convocatoria de un nuevo pleno de investidura para el próximo viernes. El candidato, Jordi Sánchez, en la cárcel. Roger Torrent ha enviado al juez Llarena la resolución de la ONU que insta a garantizar los derechos políticos de Sánchez y solicita al magistrado del Supremo que le permita ser investido asistiendo al Parlament.