Además, la Comisión Europea ha alertado de que dicha desviación "neutralizará los esfuerzos ya hechos y conseguidos por los ciudadanos portugueses, específicamente la creciente confianza de los inversores en Portugal".
"La continua y determinada implementación del programa de ajuste ofrece el mejor camino hacia la restauración el crecimiento económico sostenible y hacia el desarrollo de las oportunidades de empleo en Portugal", ha defendido.
También ha recordado que "es una condición previa para aplazar el vencimiento de la asistencia financiera a Portugal, lo cual facilitará su regreso a los mercados y la consecución de los objetivos del programa de ajuste". "Apoyamos que se tome pronto una decisión al respecto", ha apuntado.
Por ello, ha expresado su confianza en que "el Gobierno portugués identificará rápidamente las medidas necesarias para adaptar los presupuestos generales de 2013 de forma que respeten el revisado objetivo fiscal".
En este sentido, la Comisión Europea ha alabado "que el Gobierno portugués haya confirmado su compromiso con el programa de ajuste, incluidos el objetivo fiscal y su calendario".
No obstante, ha subrayado que "es esencial que las instituciones políticas clave de Portugal estén unidas en apoyo al programa de ajuste", ya que "un fuerte consenso contribuirá a su exitosa implementación".
La Comisión Europea ha insistido en que "seguirá trabajando constructivamente con las autoridades portuguesas dentro de los parámetros acordados para aliviar las consecuencias sociales de la crisis".
Varapalo Constitucional
El pasado viernes, el TC de Portugal declaró ilegal los recortes en las pagas extra a funcionarios y pensionistas y el nuevo impuesto sobre los subsidios de salud y desempleo aplicados por el Gobierno en los presupuestos generales para este año.
La sentencia argumenta que la eliminación de una de las pagas extra a funcionarios y pensionistas supone una violación del principio de igualdad y que los impuestos sobre los subsidios de salud y desempleo incumplen la proporcionalidad contemplada en la Carta Magna.
La decisión del TC supone que las arcas públicas dejarán de ingresar unos 1.300 millones de euros que, según ha anunciado el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, saldrán de nuevos recortes en el gasto público destinado a sanidad, educación, seguridad social y empresas públicas.