El Gobierno ha suspendido o retirado la prestación por desempleo a más de 500 mil parados en año y medio. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría les ha acusado este viernes reiteradamente de fraude por cobrar el desempleo y al mismo tiempo ingresar cobros en ‘B’. Pero el ministerio de Empleo dice que no se puede afirmar que todos esos parados hayan cometido fraude. Lo ha hecho una minoría, 5.800 personas en la primera mitad de este año. La mayoría de suspensiones o retiradas de prestación responden a faltas leves como no presentar un documento al tramitar el paro o no sellarlo a tiempo. En la calle, no ha sentado bien la polémica acusación. Pero la vicepresidenta ha ido más allá al anunciar que el año que viene endurecerá las sanciones por fraude.