Según la sentencia del tribunal a la que ha tenido acceso Europa Press, en concreto se declaran "inconstitucionales y nulos" un artículo y tres disposiciones, mientras que considera que otra de las disposiciones recurridas es constitucional y desestima el recurso "en todo lo demás".
De este modo, no se podrán excluir del dominio público marítimo los terrenos destinados a cultivo marino y a las salinas marítimas, terrenos que hayan sido inundados artificial o controladamente a consecuencia de las obras o instalación realizadas al efecto para estas actividades.
La isla de Formentera recibió en la reforma de la ley de Costas del PP un tratamiento “con carácter excepcional y debido a la especial configuración geomorfológica de la isla”, por lo que el dominio público era mucho menor que en el resto de España y de esta forma la pequeña isla evitaba las imposiciones de Costas.
Ahora, el Alto tribunal ha declarado inconstitucional la disposición adicional cuarta sobre el deslinde en la isla de Formentera.
"La pretensión de excluir porciones del dominio público natural en atención a su transformación artificial y al tipo de explotación resulta constitucionalmente inadmisible", explica en su sentencia el Tribunal Constitucional.
Igualmente, considera inconstitucional la disposición adicional novena, por la que "en atención a las actuales y extraordinarias circunstancias económicas que fuerzan la restricción del gasto público y las inversiones", las instalaciones de depuración de aguas residuales que estuvieran construidas en dominio público marítimo-terrestre antes de la Ley de 2013, se podrían mantener en ese emplazamiento y seguir con su actividad "temporalmente", en las condiciones de servicio y explotación que sean necesarias para cumplir con los objetivos medioambientales exigidos por la normativa aplicable.
Además, anula el segundo apartado de esta disposición por la que una vez que las circunstancias económicas lo permitan se iniciarán las actuaciones para dirigirse a la adecuada sustitución de tales instalaciones.
La reforma de la Ley de Costas fue la primera decisión de Miguel Arias Cañete al recibir la cartera de ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.