El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto sobre la función social de la vivienda, concebido como un "plan de choque para frenar la sangría social" que suponen los desahucios con medidas como la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas".