El gobierno quiere regular las viviendas vacacionales, que tendrán que tributar y cumplir con requisitos de calidad, aunque dejará su regulación en manos de las comunidades autónomas. Y es que según el borrador de la ley que prepara el ejecutivo cada año un quince por ciento más de viajeros se pasan a las viviendas particulares. La ofertas in situ o a través de internet se multiplican. Por su parte la patronal hotelera calcula que hay millón y medio de alojamientos en un limbo legal, donde no se controla el servicio que ofrecen y tampoco tributan. Según un informe de La Caixa estos alojamientos se quedan con hasta el ochenta por ciento de las pernoctaciones.