El pleno del Congreso ha aprobado este jueves con mayoría absoluta la reforma legal que limitará la actuación de la Audiencia Nacional en materia de jurisdicción universal a los casos en los que existan víctimas españolas o en los que los responsables del delito se encuentren en España. Se trata de una modificación de los apartados 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula las competencias de la jurisdicción española en delitos de genocidio, lesa humanidad, terrorismo o piratería, entre otros.
La modificación ha contado con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas, salvo ERC-IU-ICV y el grupo mixto. La reforma, que ahora se envía al Senado, ha sido respaldada por PSOE, PP, CiU y PNV -329 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones- y se ha incluido en el proyecto de ley orgánica que desarrolla la implantación de la nueva Oficina Judicial.
Una vez que se aprueben en el Senado las nuevas modificaciones de la LOPJ, los jueces de la Audiencia Nacional ya no podrán actuar en esta materia si se ha abierto una investigación y una "persecución efectiva" de los hechos denunciados en el país donde se hayan cometido o en un tribunal internacional.
Causas abiertas
Actualmente la Audiencia Nacional mantiene abiertas una quincena de causas bajo dicho principio de justicia universal, que abarcan desde la investigación de delitos de genocidio en Guatemala o el Tíbet a los crímenes de guerra en Gaza, las torturas en Guantánamo o, más recientemente, los actos de piratería en las costas de Somalia.