El conflicto gibraltereño ha vuelto a rebrotar este verano. El gobierno de Gibraltar lanzó bloques de hormigón a las “aguas en litigio”, una zona del mar que reclaman como propias tanto España como Gibraltar. Este fue el comienzo de un enfrentamiento que está afectando a la vida cotidiana de los habitantes españoles de la Línea de la Concepción y a la población gibraltareña. Los actos de las autoridades han desembocado en una creciente ola de odio y rencillas entre los vecinos de un lado y otro de la verja gibraltareña. El Gobierno del Peñón alega que lanzó los bloques de hormigón al mar para construir un arrecife artificial y, así, regenerar la pesca en la zona, pero los pescadores españoles afirman que la única intención de Gibraltar es ganar terreno al mar y entorpecer su trabajo.
De momento, las pérdidas para los pescadores superan el millón y medio de euros. Callejeros acompaña a una de las embarcaciones afectadas, la de Manuel, quien se muestra convencido de la mala fé del Gobierno de Gibraltar al lanzar los bloques al mar. “Gibraltar se ha quedado pequeño, los bloques son para ganarle el terreno al mar, para mí han supuesto una ruina, gano 800 euros, antes de los bloques 2.000, pero si estas aguas fueran españolas, ya se habrían retirado los bloques”.
La respuesta de las autoridades españolas ha sido un endurecimiento de los registros en la verja de Gibraltar. Con la excusa del contrabando la espera para cruzar la fontera se eterniza. Las colas para entrar o salir del Peñón se extienden a un lado y a otro. Elizabeth, una gibraltareña indignada afirma que “las colas son una reacción política del Gobierno de España al lanzamiento de bloques, porque el contrabando de tabaco ha existido siempre y va a seguir existiendo por más que intensifiquen los controles”.
En el lado español de la verja, el trasiego de personas es incesante, por eso llama la atención ver mucha gente parada en las esquinas. Son los llamados ‘matuteros’ o contrabandistas. Una cajetilla de tabaco en Gibraltar cuesta la mitad que en España porque allí no se paga IVA ni impuestos especiales. Los matuteros entran en Gibraltar, compran el tabaco y lo introducen en España de manera clandestina. “Tienes que entrar varias veces para ganarte la vida y con tanto control es imposible, hasta cinco controles han puesto”, asegura uno de ellos mientras espera el mejor momento para entrar a por tabaco a Gibraltar. Otro contrabandista nos muestra cómo oculta el tabaco bajo el sillón de su bicicleta.
Las largas esperas en las colas de la verja aumentan la tensión entre los ciudadanos de ambos lados de la verja. “Tres compañeros han sido atropellados”, según Juan Antonio Delgado, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Paul, gibraltareño casado con una española de La Línea siente “asco” cuando escucha “Gibraltar español”, mientras que Francesca lleva “tres meses sin pisar suelo español por temor a que rompan la luna de mi coche o me lo quemen”. Lo que comenzó siendo un enfrentamiento “diplomático” entre administraciones se está convirtiendo en una guerra entre vecinos.
Otra de las actuaciones del Gobierno español ha sido denunciar ante la Unión Europea el bunkerinng. Se trata de los trasvases de fuel de barco a barco en las aguas que tanto España como Gibraltar reclaman como suyas. La ley española lo prohíbe, la gibraltareña de momento no. El bunkering resulta hasta un 20% más barato para las empresas ya que si los barcos recibieran el combustible en un puerto tendrían que pagar el fondeo y una serie de impuestos como el IVA. “Los intereses económicos están por encima de los ambientales”, asegura Alfredo Valencia, portavoz de Verdemar-Ecologistas en Acción. “Cada año se trasvasan cinco millones de toneladas de fuel, el Estrecho de Gibraltar se ha convertido en la gasolinera flotante entre el Atlántico y el Mediterráneo”. Pero lo realmente sorpendente de esta práctica que elude el pago de impuestos a costa de un gran riesgo ambiental, es que “Arias-Cañete, ministro de Medio Ambiente, tiene participaciones de una empresa que compra fuel a las gasolineras flotantes”. Según los ecologistas, el Ministro Arias Cañete por un lado legisla para evitar el bunkering pero por otro es socio de una empresa que lo practica para abaratar costes y sacar más beneficios.