El juez instructor del crimen de Gabriel toma declaración a cuatro nuevos testigos
El juez ha llamado a comparecer en esta nueva tanda a diez personas, entre los que se encuentran algunos familiares del pequeño. Para hoy están citadas cuatro de estas personas a partir de las 10.00 horas mientras que los seis restantes, entre los que hay un agente de Policía Local, deberán declarar también en calidad de testigos el día 19, a la misma hora.
En el mismo auto, el instructor de la causa acordó, asimismo, prorrogar el secreto decretado sobre las actuaciones por un mes más al considerar que no han cambiado las circunstancias que dieron lugar a esa resolución.
Entre las últimas diligencias que ha ordenado practicar figura, asimismo, un oficio a la Guardia Civil para que cuantifique los gastos del dispositivo de búsquedagastos del dispositivo de búsqueda que se mantuvo durante 13 días en la zona y en el que participaron más de 1.500 profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de emergencias, así como alrededor de 2.500 voluntarios. El juez pretende incluir la suma en la responsabilidad civil.
También se ha hecho público que dos asociaciones, 'Clara Campoamor' y la Asociación Andaluza de Estudios Penales han solicitado su personación como acusación popular en la causa que se sigue por presuntos delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral contra Ana Julia Quezada, expareja del padre del pequeño Gabriel y autora confesa de su muerte violenta si bien el magistrado Rafael Soriano aún no se ha pronunciado sobre su admisión.
Cabe recordar que Patricia Ramírez y Ángel Cruz, padres de Gabriel, ya comparecieron el 22 de marzo durante dos horas ante el magistrado en calidad de testigosPatricia RamírezÁngel Cruz, padres de Gabriel, ya comparecieron el 22 de marzo durante dos horas ante el magistrado en calidad de testigos y acompañados por los letrados Francisco y Miguel Ángel Torres ya que se han personado como acusación particular en las diligencias que se siguen contra Ana Julia Quezada, excompañera sentimental del progenitor, por la presunta comisión de delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.
Poco antes de la cita, remitieron un comunicado a los medios de comunicación en que aseguraban que se enfrentaban "sin duda" a "uno de los días más duros". El juez instructor les tomó declaración por separado para indagar en aspectos que permitan aclarar cuál era la relación del niño con Quezada y conocer detalles de su comportamiento hacía ellos durante los 13 días en los que se mantuvo su búsqueda desde que se perdiera su rastro el 27 de febrero en Las Hortichuelas.
Durante este periodo, según considera indiciariamente la investigación y se recoge en el auto de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de la autora confesa de la muerte, "dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño" y "mantuvo el engaño, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte.
El magistrado Rafael Soriano también tomo declaración en calidad de testigo el 23 de marzo a la abuela paterna de Gabriel, de 84 años. Compareció durante media hora y, según los abogados de la acusación particular, fue un trance "muy doloroso". Ella estaba junto a Gabriel Cruz y la única sospechosa del crimen cuando se vio por última vez con vida al pequeño y la investigación sostiene que esta última "aprovechó un momento temporal en el que sabía a solar con el niño y que la abuela no lo iba a controlar" para, mediante "engaño" o "promesa de devolverlo pronto a jugar", llevárselo a la finca familiar de Rodalquilar en la que habría ocultado el cadáver.
Informe ampliatorio de la autopsia
La nueva tanda de declaraciones se ha ordenado una vez el juez tiene en su poder un informe ampliatorio de la autopsia del niño en el que se señala que la muerte violenta se produjo entre "una o dos horas después" de comer.
Recoge que las muestras del contenido estomacal remitido al Instituto Nacional de Toxicología, con sede en Sevilla, revelan un fallecimiento en las primeras horas del presunto secuestro a manos de Ana Julia Quezada, quien lo llevó a la finca familia de Rodalquilar, situada a unos cinco kilómetros de la casa de la abuela paterna en Las Hortichuelas. El informe preliminar dató el deceso el mismo día de su desaparición, el 27 de febrero, y apuntó como causa de la muerte asfixia.
En su auto de ingreso en prisión, el magistrado Rafael Soriano sostiene que "resulta presuntamente incuestionable la participación" de Quezada en la muerte del menor y asegura que de su comportamiento "se infiere una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen".
Indica que, como parte de ese "macabro plan criminal", se intentó dotar de una coartada haciendo labores de pintura en la finca de Rodalquilar, en Níjar, y que actuó supuestamente para tratar de "despistar a los agentes de la autoridad que practicaban la búsqueda" hasta encontrar el "momento" de poder "hacer desaparecer el cuerpo".
El juez instructor destaca que enterró su cuerpo sin vida en un "hoyo que previamente había hecho con una pala" y luego quiso deshacerse del cadáver en un invernadero de acuerdo a las intervenciones telefónicas practicadas y cuyo contenido está en una pieza separada.
"Las pruebas revelan, presuntamente, una falta de sentimientos y humanidad que ella misma ha calificado, que, de ser ciertas, serían de pura crueldad", concluye para remarcar las "abrumadoras pruebas contra ella" no solo "porque ella misma ha reconocido el luctuoso suceso" sino también por las intervenciones acordadas judicialmente y a las pruebas recopiladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.