El juez ve una "malvada voluntad" de Ana Julia y señala que trazó un "macabro plan criminal"

El magistrado Rafael Soriano destaca, asimismo, la existencia de "abrumadoras pruebas contra ella" y se refiere no solo "a que ella misma ha reconocido el luctuoso suceso" sino también a las intervenciones acordadas judicialmente y a las pruebas recopiladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según han informado fuentes del caso.

"Resulta presuntamente incuestionable la participación de la detenida Ana Julia Quezada en la muerte del menor y se infiere una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen", recoge la motivación del auto de ingreso en prisión que señala que este extremo es lo que ha motivado que el Ministerio Público califique los hechos como asesinato con alevosía.

El juez indica que, como parte de ese "macabro plan criminal", se intentó dotar de una coartada haciendo labores de pintura en la finca de Rodalquilar, en Níjar, y resalta cómo "dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño", al que se llevó "mediante engaño o promesa de devolverlo prontamente a jugar".

"Mantuvo el engaño a lo largo de los días, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte", subraya, lo que achaca a su deseo de "despistar a los agentes de la autoridad que practicaban la búsqueda" hasta encontrar el "momento" de poder "hacer desaparecer el cuerpo".

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ha decretado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Ana Julia Quezada en el marco de unas diligencias previas que se siguen por los delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.

En la comparecencia de medidas cautelares, el Ministerio Fiscal solicitó la prisión para la detenida por los delitos de asesinato con alevosía y detención ilegal. Quezada volvió a declarar este jueves ante el juez después de que se acordase la prórroga de la detención durante 24 horas.

El magistrado, que mantiene las actuaciones bajo secreto, considera necesaria la medida de prisión por la gravedad del delito, la posibilidad de eliminación de pruebas y el riesgo de fuga.