Caso Zaplana: Rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales

Los investigadores de la UCO se han personado en la sede de la Conselleria de Economía y han practicado una veintena de registros para recabar documentación sobre contratos públicos, entre ellos de la concesión de la ITV y del Plan Eólico diseñado durante la etapa de Eduardo Zaplana al frente del Gobierno valenciano.

Las citadas fuentes han cifrado en diez millones el dinero que se habría abonado presuntamente en concepto de comisiones ilegales para beneficiarse de la adjudicación de esos contratos, si bien precisan que, de momento, se está investigando el destino y los beneficiarios de ese esos fondos.

La Guardia Civil tomará declaración al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo una vez concluyan los registros practicados a lo largo de la jornada en la búsqueda del rastro de esas comisiones millonarias, entre ellos en la vivienda de Zaplana en el centro de València, donde han permanecido durante unas cinco horas.

En la operación 'Erial', coordinada por el Juzgado de Instrucción número 8 de València y Fiscalía Anticorrupción, los agentes han practicado siete detenciones, la de Zaplana y otras seis personas más, por varios delitos relacionados con el blanqueo de capitales, y han realizado 22 registros. Además, investiga a otras tres personas.

Los agentes investigan un presunto cobro de comisiones por adjudicaciones, que se habrían ocultado en paraísos fiscales y que habrían estado retornado al país recientemente. Con posterioridad a su paso por la Comandancia, Zaplana será puesto a disposición judicial.

El resto de detenidos son los hermanos Vicente y José Cotino, empresarios y sobrinos del exvicepresidente del Consell, expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía, Juan Cotino; el que fuera jefe de Gabinete de Zaplana, Juan Francisco García; Francisco Grau, economista y exsecretario del consejo de administración de la CAM desde 1998 hasta 2007 y luego miembro de su comisión de control hasta la intervención de la entidad bancaria; Joaquín Barceló Llorens, exdirectivo del parque temático Terra Mítica, y la mujer de éste último.

Barceló dirigió también el Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm, localidad en la que Zaplana fue alcalde antes de pasar a presidir la Generalitat, y también fue director de Formación de la Agencia Valenciana de Turismo. Por su parte, Juan Francisco García, detenido en Barcelona, es el expresidente del Club de Baloncesto Estudiantes y se encontraba en esta ciudad porque es uno de los tres candidatos a presidir la ACB, que está celebrando su asamblea.

REGISTROS

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han bautizado como 'Erial' esta nueva operación que afecta a la etapa de Zaplana al frente de la Generalitat valenciana. Zaplana ha sido detenido cuando salía este martes por la mañana de su vivienda en València. Igualmente, se han llevado a cabo registros en la vivienda de los Cotino en Xirivella y en la sede de Sedesa en Aldaia, según ha podido saber Europa Press. Y ha habido presencia de la Guardia Civil durante todo el día en la vivienda del exministro en Benidorm, localidad de la que fue alcalde.

Asimismo, la UCO ha pedido a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por resolución judicial, todo el expediente de concesión administrativa de las ITV de 1997 --año en el que fueron privatizadas con el gobierno de Eduardo Zaplana-- y el expediente de contratación sobre el desarrollo del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, en concreto, una resolución de 2003.

La Zona VI del Plan Eólico se adjudicó en su día a la sociedad Proyectos Eólicos Valencianos, en la que la empresa Sedesa, de Vicente Cotino, tenía una participación del 25 por ciento. En noviembre de 2006 comenzó el montaje de los primeros parques del Plan Eólico Valenciano, en concreto en la denominada zona seis, con siete parques previstos en la comarca del Alto Palancia en Castellón.

La sociedad Proyectos Eólicos, creada para promover esta energía en la Comunitat, resultó adjudicataria mediante concurso público del desarrollo eólico de las zonas 5 y 6 y de la 11 en Valencia, con una potencia en conjunto de 498 MW y una inversión de 450 millones de euros.

En la sociedad participaban Endesa a través de su filial ECyR, (Endesa Cogeneración y Renovables), propietaria del 55% de las acciones; Bancaja, con el 20%, y el Grupo Sedesa, con un 25%. En este caso, los agentes han pedido documentación sobre esta mercantil.

En cuanto a las ITV, es un servicio que en la Comunitat Valenciana se privatizó en 1997. En enero de 2016, el pleno de las Corts aprobó una proposición no de ley en la que se pedía que la Sindicatura de Comptes realizara una auditoría de la gestión de la ITV y una comparativa con la prestación del servicio y los modelos del resto de comunidades.

En el debate de la proposición, presentada por Compromís, el síndic de la coalición, Fran Ferri, recordó que en 1997, el Consell presidido por Eduardo Zaplana, sacó los pliegos de la concesión, uno de los cuales fue adjudicado a una UTE en la que participaba Sedesa. Otro lote, según explicó entonces, fue a parar a manos de personas relacionadas con el exconseller de Territorio, Rafael Blasco, actualmente en prisión por una de las piezas del caso Cooperación.