El análisis del auto contra el fiscal general del Estado de Joaquim Bosch, magistrado: "Hay dos cuestiones problemáticas jurídicamente"
Un magistrado analiza detenidamente todos los detalles del auto contra el fiscal general del Estado
Leire Díez, sobre la reunión que siempre ha negado: ''He visto a Ábalos y he visto a Koldo una vez en el despacho de su abogado''
La mañana del 9 de junio conocíamos que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está a un paso de sentarse al banquillo pues el Tribunal Supremo considera que habría sido él quien habría filtrado el correo del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Muchas incógnitas recorren el caso. Por eso, el equipo de 'Todo es mentira' pide a su colaborador, el magistrado Joaquim Bosch, su análisis del auto de más de 50 páginas para conocer todos los detalles sobre el mismo.
El análisis del auto
Antes de dar su análisis sobre el auto, Joaquim Bosch declara que "Estamos ante un hecho sin precedentes en la historia de este país". Para entrar en materia, primero el magistrado contextualiza el hecho dejando claro que "Para que un fiscal general vaya al banquillo debe haber indicios muy sólidos. No se puede ir a un juicio contra un fiscal general en cuestiones que pueden ser dudosas, con conjeturas, con sospechas". Esto no quiere decir que haya "una huella dactilar", "rastros de ADN" o una "grabación", apunta, pero "tiene que haber elementos que no generen dudas porque esto se produce en un contexto de choque institucional entre el Supremo y el Gobierno, con una política muy polarizada y la causa, además, arranca de un conflicto político muy fuerte", señala.
A partir de ahí y, tras hacer una lectura del auto, el magistrado saca en conclusión que hay dos cuestiones problemáticas jurídicamente. El primero de ellos es cómo arranca el auto: "A raíz de indicaciones recibidas desde la Presidencia del Gobierno...". Joaquim Bosch, quien asegura que ha dictado numerosos autos de procedimiento abreviado, es consciente de que "lo primero que pongo en la descripción de hechos punibles es lo que más se va a leer y es muy importante".
"A mí me parece gravísimo que esto pueda ser cierto. Si el Gobierno ha hecho algo así, la ciudadanía tiene a derecho a conocerlo y a exigir responsabilidades", afirma. Sin embargo, a lo largo del auto el magistrado instructor, "desde el máximo respeto a su función", no detalla en ningún momento cómo ha llegado a esa conclusión. "A mi esto me parece que puede ser discutible jurídicamente y la decisión es recurrible", asegura.
