La clave para recuperar la fianza del inmueble sin recurrir a abogados está en conservar pruebas como el contrato, recibos y el estado del piso al devolverlo
¿Cuál es el plazo de devolución de la fianza del alquiler?
Cuando acaba un contrato de alquiler, una de las preocupaciones principales de los inquilinos es recuperar la fianza entregada al comienzo del arrendamiento. No obstante, no es extraño que, al entregar las llaves y abandonar el inmueble, el casero tarde más de lo debido o, directamente, se niegue a devolverla aludiendo a supuestos desperfectos, deudas o limpiezas que no siempre están justificadas.
Este tipo de situaciones afectan a miles de personas en España, generando frustración, impotencia y, en ocasiones, dudas sobre qué pasos seguir para recuperarlo. La normativa española protege los derechos de los inquilinos y ofrece herramientas claras para reclamar la fianza, incluso sin necesidad de recurrir a abogados, pero hay que conocer cuáles son los plazos legales, reunir toda la documentación necesaria y actuar con rapidez.
¿Qué es la fianza y cuál es su función?
La fianza del alquiler es una garantía económica que el inquilino entrega al arrendador al firmar el contrato. Sirve para cubrir posibles impagos o daños que se puedan ocasionar en la vivienda al abandonar el inmueble. Es una medida de protección que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece como obligatoria en todo contrato de alquiler de vivienda habitual.
En términos generales, la fianza equivale a una mensualidad de la renta en los contratos de vivienda habitual, en el caso de ser una oficina o local comercial, serían dos meses. Esta cantidad debe ser depositada por el arrendador en el organismo competente de cada comunidad autónoma, aunque, realmente, no todos los caseros cumplen con esta obligación.
Según esta Ley de Arrendamientos Urbanos y la normativa autonómica, el casero está obligado a devolver la fianza en un plazo máximo de 30 días desde que acaba el contrato y se entregan las llaves. Si no lo cumple, y no justifica los motivos de esta retención con pruebas claras como deudas impagadas o facturas de reparaciones, se considera una retención indebida, susceptible de reclamación.
Asimismo, si el arrendador no depositó la fianza en el organismo autonómico correspondiente, podría enfrentarse a sanciones administrativas. En este caso, la carga recae sobre el casero, ya que si alega daños en la vivienda, tiene que demostrar que no existían al comienzo del contrato.
Pasos para reclamar la fianza sin abogado
Cuando un casero se niega a devolver la fianza del alquiler sin una justificación válida, el inquilino puede iniciar una reclamación sin necesidad de contratar a un abogado o un procurador, sobre todo, si la cuantía es menor de 2.000 euros. La legislación española prevé herramientas eficaces y accesibles que están disponibles para que cualquier ciudadano pueda defender sus derechos de manera autónoma.
Negociación amistosa: el primer paso obligatorio
Antes de iniciar cualquier procedimiento legal, se recomienda agotar la vía extrajudicial. Para ello, se debe contactar con el casero de manera clara y educada, preferiblemente por escrito y solicitar la fianza. Se aconseja hacerlo mediante burofax o correo electrónico certificado. En este escrito, se establece un plazo razonable de respuesta, unos 7 a 10 días.
También se recomienda incluir la fecha de finalización del contrato, la entrega de llaves y cualquier prueba que se tenga de que el inmueble ha sido devuelto en buen estado. Este paso es esencial, ya que se muestra buena fe por parte del inquilino y puede servir como prueba en caso de un posible juicio.
Reunir pruebas
En caso de que el casero mantenga su negativa de devolver la fianza, es fundamental contar con pruebas sólidas que puedan respaldar la reclamación. Estas pruebas serían: el contrato de arrendamiento donde conste el pago de la fianza, el comprobante del pago de la fianza, fotos o vídeos del estado del inmueble en día de la entrega de llaves, el acta de entrega de llaves o documento de finalización de contrato, cualquier comunicación con el casero, sobre todo en caso de haber hecho alguna reclamación, y si es posible, fotos o vídeos del estado del inmueble cuando se firmó el contrato. Cuanto más completo sea este dossier de pruebas, más opciones se tendrán de obtener una resolución favorable.
Enviar un burofax con acuse de recibo y certificación de contenido
Este paso tiene un gran valor legal. El burofax permite dejar constancia de que se ha solicitado formalmente la devolución de la fianza y también, del contenido exacto del mensaje enviado. En el texto de este burofax se debe exponer que ha finalizado el contrato de arrendamiento, indicar que el inmueble se ha entregado en buenas condiciones, reclamar la devolución íntegra de la fianza, establecer un plazo nuevo para abonar esta cantidad, y advertir de que, en caso de ignorarlo, se iniciarán acciones legales.
Acudir al proceso monitorio
Si la vía amistosa falla, se puede presentar una reclamación judicial a través del procedimiento monitorio. Este proceso es gratuito, rápido y no requiere ni abogado ni procurador cuando la cantidad no supera los 2.000 euros.
Para ello sencillamente hay que rellenar el formulario oficial de proceso monitorio que está disponible en la web del Consejo General del Poder Judicial o en un juzgado, adjuntar todas las pruebas disponibles y presentarlo en el juzgado de primera instancia.
Una vez que se haya presentado, el juzgado notificará al casero que tendrá 20 días para pagar o alegar motivos para no hacerlo. En caso de no contestar, se dictará un auto de ejecución y se podrá embargar directamente la cantidad reclamada.
Reclamación en consumo
Este paso es opcional, pero si el arrendador es una empresa o una persona que alquila varias viviendas, se puede presentar una reclamación ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor o a través de asociaciones de consumidores como FACUA o la OCU.
Esta vía no tiene valor jurídico vinculante, pero sí que puede ejercer presión o servir de mediación. En algunos casos, consigue que el casero pague para evitar mayores consecuencias reputacionales o legales.
En caso de que ninguna de estas vías haya funcionado, se tendrán que iniciar trámites legales de la mano de un abogado o procurador para que el casero pague lo que se debe al arrendatario.