Juan García Garrido 07 MAY 2025 - 10:00h.

MadridDesde 10 de abril de 2025 ha entrado en vigor una normativa que modificará radicalmente la forma en que los ciudadanos españoles pagan por la recogida y gestión de sus residuos. Se trata de la nueva tasa de basuras, contemplada en la Ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada con el objetivo de trasladar a los consumidores el coste real de generar basura y fomentar la reducción de residuos.

La obligación afecta a todos los municipios españoles con más de 5.000 habitantes, según detalla el texto legal publicado en el BOE (Ley 7/2022). Pero, ¿qué significa exactamente este cambio, cómo se calcula y quién debe hacerse cargo de este nuevo tributo?

¿Por qué una nueva tasa?

El principio central detrás de esta normativa es claro: "quien contamina, paga". La intención del Gobierno es incentivar la reducción de residuos, aumentar la tasa de reciclaje y reflejar con transparencia los costes reales del tratamiento de la basura. Según explicó Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, en declaraciones recogidas por El País, “el objetivo final es que cada ciudadano sea consciente del impacto económico y ambiental de sus residuos y actúe en consecuencia”.

Esta tasa de basuras será pagada por quien disfrute directamente del servicio, es decir, la persona que viva en el inmueble. En la mayoría de casos, esto implica que será el inquilino quien asuma la tasa, salvo que el contrato de alquiler especifique lo contrario. En viviendas desocupadas, la responsabilidad recae sobre el propietario.

Este punto ya está generando controversia. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), muchos contratos actuales no mencionan explícitamente la tasa de basuras, lo que podría provocar conflictos entre propietarios e inquilinos.

¿Cómo se calculará la nueva tasa?

La nueva tasa no es igual en todas partes. Cada ayuntamiento tiene autonomía para establecer sus criterios, lo que ha generado un panorama bastante desigual según la localidad.

Entre los factores más frecuentes que los municipios pueden utilizar para calcular la tasa están el valor catastral del inmueble, el número de personas empadronadas, el consumo de agua o la cantidad de basura generada estimada por vivienda.

En Madrid, por ejemplo, el consistorio ha optado por un modelo mixto: 81% del importe será fijo, determinado por el valor catastral del inmueble, y 19% será variable, ajustado en función del volumen de residuos generado por distrito.

El coste medio nacional de la nueva tasa, según cálculos de la OCU, se sitúa en 84,64 euros anuales. No obstante, existen notables diferencias entre ciudades: en Barcelona, Pamplona o San Sebastián la tasa puede superar los 140 euros anuales, mientras que en localidades como Alicante o Soria la cifra se reduce por debajo de los 30 euros.

Conscientes del impacto económico que esta tasa podría generar, especialmente en colectivos vulnerables, algunos ayuntamientos están estableciendo bonificaciones específicas.

En Madrid, por ejemplo, se han anunciado reducciones para colectivos vulnerables como beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), familias numerosas, jubilados con pensiones bajas o personas en situación de desempleo de larga duración. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se recomienda a los ayuntamientos la aplicación de estas bonificaciones de manera generalizada para mitigar el impacto de esta tasa en las familias con menos recursos.

¿Cuándo y cómo se paga?

El cobro será anual, aunque cada municipio tiene potestad para establecer la forma concreta de recaudación. En la mayoría de casos, la tasa se incluirá en un recibo independiente, aunque algunas ciudades podrían decidir integrarla con otros tributos municipales para facilitar su cobro.

La recomendación general es que los ciudadanos consulten directamente con su ayuntamiento para aclarar fechas concretas de pago, métodos aceptados y posibilidades de fraccionamiento del importe.