José María Gay de Liébana, economista, cree que el cambio de sede social de algunas empresas catalanas es un mecanismo de “protección” porque en caso de que se declare la independencia “se entraría en unas cotas de seguridad jurídica tremendas”. “Las empresas no pueden estar a verlas venir”, ha continuado el economista, que apunta que necesitan “certeza” y “seguridad”.