La mayoría de los consejeros del Tribunal de Cuentas no quieren fiscalizar a la institución eclesiástica, la han dejado fuera del programa de tareas pendientes de este año. Una decisión a la que se ha opuesto una minoría progresista que cree que entra dentro de sus competencias revisar la economía de instituciones que reciben cantidades de dinero público como la Iglesia. Gracias a todos los españoles que marcan la casilla en la renta, la Iglesia recibe unos 250 millones al año.