Una protectora de animales de Torremolinos fue protagonista de los medios de comunicación por las ‘jornadas de exterminio’ que supuestamente cometía Carmen Marín, su afamada y adinerada propietaria. La presidenta cobraba subvenciones por cada perro o gato con la excusa de manutención y paralelamente se lucraba matándolos con inyecciones que provocaban la muerte lentamente y de manera muy dolorosa. Siete años después, el caso sigue abierto y la presidenta de la protectora está imputada a la espera de juicio.