Aministía Internacional denuncia la falta de políticas públicas específicas para atender a las víctimas de violencia sexual, que sufren un recorrido "lleno de obstáculos y prejuicios". "No volvería a denunciar" es una de las frases que destaca esta ONG tomada de los testimonios aportados por las víctimas en el informe ‘Ya es hora de que me creas’, en el que también participan especialistas en violencia sexual que coinciden en lo grave es que sean las mujeres las juzgadas en este proceso.
"El cien por cien de las mujeres no volvería a denunciar incluso con condena ¿Por qué van a querer pasar por este infierno?", sostiene una abogada penalista experta en violencia sexual. Su testimonio coincide con el de otra experta en violencia sexual que asegura que solo aconseja denunciar a las mujeres que "están preparadas psicológicamente para obtener una respuesta negativa por parte de la justicia".
Según Amnistía, desde el momento de la violación o cualquier otra forma de violencia sexual, independientemente de que la mujer decida denunciar o no, esta se enfrenta a la "falta de protocolos claros" de actuación y a la "ausencia de formación específica" de los profesionales que las atienden, tanto policía, personal médico, forense y judicial. "Las preguntas eran muy repetitivas, y hacía como caras, me hacía sentir incómoda, porque yo veía en su cara que no me creía", relata una mujer sobre el interrogatorio en comisaría.
Para los autores del estudio, la ropa de la víctima, la hora en que se produjo la violación, si había bebido o su nacionalidad "no pueden ser argumentos utilizados para mermar su credibilidad" por parte de agentes policiales o forenses: "La suerte de la víctima no puede depender de la sensibilidad de la persona que la reciba".
En este sentido, apunta que la consecuencia directa es la falta de denuncia y que esto deja a España a la cola de la Unión Europea, concretamente en el puesto 25 de 32.
Entre enero y junio de 2018 se denunciaron 788 violaciones, más de 4 al día, según datos del Ministerio del Interior. Estas cifras contrastan con las de la Macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeres en España de 2015, que revela que más de 3,2 millones de mujeres ha sufrido violencia sexual. Pero ni estas encuestas ni los datos de denuncias reflejan la dimensión real de la violencia sexual en España, según la ONG. A este "invisibilización" del problema, esta organización añade la falta de políticas públicas en materia de violencia sexual, sobre todo cuando esta se produce fuera del ámbito de la pareja o expareja, es decir, por terceros, pues no se incluye en la Ley Integral contra la Violencia de Género.
"Estas víctimas son las grandes olvidadas", afirman desde Amnistía, que reclama la reforma de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual del Código Penal, con un tipo específico de violación donde el elemento clave sea el consentimiento libremente otorgado, tal y como establece el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, ratificado por España en 2011.
La ONG constata que en todas las comunidades autónomas existen carencias en la atención a las víctimas. En concreto, constata que "ninguna" de las 17 autonomías cuenta con 'centros de crisis' con personal multidisciplinar y con una "verdadera especialización" en violencia sexual, disponibles las 24 horas del día, todos los días del año, como establece el Consejo de Europa.
Además, señala que hay diez comunidades autónomas --Aragón, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura, País Vasco, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra-- y Ceuta y Melilla, que carecen de centros de atención especializados para víctimas de violencia sexual.
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Los protocolos de actuación o coordinación son distintos en cada autonomía. Por ejemplo, mientras en Andalucía se puede acudir al centro médico antes o después de la denuncia, en Madrid capital hay que denunciar antes de acudir a La Paz, que es el único hospital de referencia para garantizar la presencia de personal forense, algo que no es necesario en otros municipios de esta comunidad.
La obligatoriedad de poner una denuncia puede "invisibilizar", según Amnistía, a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, como migrantes en situación irregular, trabajadoras domésticas, o mujeres con discapacidad que "en muchos casos" son violadas o abusadas por sus familiares o cuidadores, las mismas personas con las que tendrían que acudir a comisaría o a un centro médico en el caso de que decidieran denunciar.