Cualquiera que con su actuación haya creado una situación de riesgo puede ser responsable de la caída de Julen al pozo. Es lo que nos ha explicado Juan Sánchez Zabala, abogado penalista. Así la responsabilidad podría ser del pocero, de la empresa que quitó la tapa y del dueño de la finca. El juez lo determinará.
El abogado ha comentado que podrían enfrentarse a un delito de lesiones por imprudencia o en el peor de los casos a un delito de homicidio imprudente. En el delito de lesiones, la pena oscilaría entre los seis meses de prisión si son lesiones leves y hasta tres años si son graves. En el caso de delito de homicidios la pena puede llegar hasta los cuatro años de cárcel.
La justicia también tiene en cuenta la responsabilidad civil económica. Por un lado está el gasto que haya supuesto la búsqueda y por otro una indemnización a la familia de Julen.
Las sanciones administrativas por hacer el pozo ilegalmente son de hasta 6000 €. Sin embargo, el hecho de que haya ocurrido algo por no tapar bien el pozo se considera una segunda responsabilidad, que supone una infracción grave de hasta 300.000 €, según la Ley de aguas de Andalucía. La abogada Esperanza Sánchez, especialista en derecho administrativo, cuenta que la responsabilidad la tendría tanto el que hace el pozo como el dueño del terreno.