Al miedo, a la pena, al estrés, a la angustia del día esperando el golpe, la paliza y quizás la muerte se une el desamparo económico de muchas mujeres que sufren violencia de género. Ante la pregunta que una parte de la sociedad se hace en ocasiones de manera instintiva ¿por qué no denuncian? ¿por qué siguen con su maltratador hay que añadir a los hijos y los lazos afectivos una realidad que muchas veces pasamos por alto. Se trata del medio económico o si se es independiente, a perder el empleo en el camino a denunciar. No solo eso. Cuando el acoso se produce en el trabajo el hándicap es mayor aún. La denuncia puede llevar directamente al INEM. Todos los días al menos una mujer se ve obligada a dejar su puesto de trabajo por sufrir violencia de género, según datos revelados por el CSIF.

La historia de Ana Bella pone el rostro a muchos de estos casos. Con 30 años y sin trabajo decidió romper con una vida plagada de malos tratos. Lo hizo sabiendo lo que es ser una víctima o llamar a puertas para que nadie les alquile un piso teniendo cuatro hijos. Ella es fiel reflejo de que en ocasiones se puede sentir el miedo al despido o el aislamiento laboral.

Ella ha sido capaz de rehacerse, de montar una asociación que ayude a otras mujeres maltratadas a seguir adelante y a formarse. Sin experiencia laboral demostrable, Ana Bella tuvo el valor de empezar de cero. Ya ha ayudado a 25.000 mujeres a "que recuperen su vida no como víctimas sino como supervivientes". Diana es una de las mujeres a las que ha cambiado la vida. Porque como señalan desde la fundación Alanna la mochila que llevan es más que pesada llena de prejuicios de los otros, pero también de baja autoestima. Muchas veces el trabajo debe compensar dejar a los niños y en otros casos, como cuentan las afectadas, no queda otra que aceptar porque hay que darlos de comer.

El borrador del último informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer de 2016, destaca que "de las 44 víctimas mortales por violencia de género, solo el 41% estaba trabajando". Asimismo, en este borrador se refleja que el total de contratos bonificados por violencia de género en 2016 supusieron tan solo el 0,009% del total de la contratación femenina registrada por los Servicios Públicos de Empleo y, de esa contratación bonificada, casi el 76% era temporal, según destaca un informe elaborado por UGT en el que se denuncia que el desempleo y la mala calidad del empleo altas tasas de temporalidad y precariedad aumentan el riesgo de las distintas formas de violencia contra las mujeres. Además, ha avisado de que el miedo al despido o al aislamiento laboral supone "un obstáculo" para que denuncien el acoso en el trabajo.

Así se recoge en el informe 'Empleos y salarios de calidad, claves para luchar contra la violencia machista' elaborado por el sindicato con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre. UGT considera que faltan políticas públicas que adopten medidas "ágiles, efectivas y suficientes" para lograr la inserción laboral de las mujeres maltratadas y erradicar la violencia de género.

Para UGT, la inserción laboral de las mujeres que son víctimas de violencia de género debería estar "garantizada". El total de contratos bonificados en 2016 y 2017 fue de 801 y 808 y, a juicio del sindicato, estas son cifras "totalmente insuficientes". "Los datos reflejan importantes déficit en relación a las medidas implantadas para conseguir la inserción de este colectivo", recalca.

Hay que actuar contra el acoso en el trabajo

El informe de UGT denuncia también que el acoso sexual en el trabajo y el acoso por razón de sexo constituyen otra manifestación más de la violencia de género que sufren las mujeres en el ámbito laboral. Asimismo, recuerda que según la Resolución del Parlamento Europeo de 11 de septiembre de 2018, un gran número de casos de acoso sexual no llega a denunciarse como consecuencia de la escasa sensibilización social, el miedo al despido, la dificultad para conseguir pruebas, unos insuficientes canales de denuncia, seguimiento y protección de las víctimas y la normalización de la violencia.

El sindicato avisa de que "muy a menudo" denunciar casos de acoso sexual en el trabajo puede conducir al despido o al aislamiento de la víctima en el lugar de trabajo. Además, sostiene que esta forma de violencia contra las mujeres en el trabajo tiene también "graves repercusiones físicas, sexuales, emocionales y psicológicas para las víctimas, constituyendo una violación de las libertades fundamentales".

En este sentido, UGT reclama más sanciones por parte de la Inspección de Trabajo y afirma que entre 2008 y 2017 ha encontrado "tan solo 9 sentencias sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo". En su opinión, "esta lacra social se encuentra aún demasiado invisibilizada".

"El sindicato está de acuerdo con la posición que desde Europa reclama a los Estados miembros la puesta en marcha de políticas activas y eficaces que prevengan y combatan cualquier forma de violencia contra las mujeres, incluidos el acoso sexual y los acosos sexistas y de acoso laboral a los que la mayoría de las mujeres pueden estar expuestas en el ámbito laboral", subraya, destacando la necesidad de "establecer normas en materia de violencia y acoso en el trabajo que proporcionen un marco legislativo".

Entre otras medidas, reclama mejores planes de prevención en el trabajo; procedimientos eficaces, transparentes y confidenciales para las víctimas; sanciones duras y disuasorias para los agresores, así como formación obligatoria para todos los empleados y cargos directivos en las empresas.

"No será posible acabar con esta lacra social mientras no pongamos fin a la desigualdad y la discriminación a la que se ven sometidas las mujeres en todos los ámbitos de la vida", manifiesta el sindicato, que recuerda que 972 mujeres han sido asesinadas desde el año 2003 en que hay estadísticas oficiales y se han presentado 1,5 millones de denuncias por violencia de género desde 2007.

Así pues, ha reivindicado empleos y salarios dignos y de calidad. "Las estadísticas demuestran que, con mejores empleos y condiciones de trabajo, las mujeres están más protegidas y tienen más recursos de cara a cualquier manifestación de violencia de género". En este sentido, el sindicato pide derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 porque son "muy lesivas para colectivos tan vulnerables como las mujeres.