Vistación es una mujer madrileña que vive con su hija y su nieta de cuatro meses en un piso de alquiler de Usera, una de las zonas que ya tienen la movilidad restringida por la alta incidencia del covid. Perdió su trabajo un mes antes de que se declarara el estado de alarma (es ayudante de cocina o limpieza) y, desde enero, no paga ni la luz, ni el agua, ni el gas. El alquiler de su piso (520 euros) lo paga con la ayuda que recibe de otros hijos y familiares, pero los gastos, al no estar permitido el corte, todavía no los ha abonado.
Ahora, Visitación tiene miedo de que le corten los suministros porque, desde hoy, cae la imposibilidad de cortar el agua, la luz o el gas a aquellas viviendas que no estén cumpliendo con los pagos por la vulnerabilidad económica. Esta medida se aplicó en el momento en el que el país quedó paralizado, pero ya ha llegado a su fin. Lo que sí se ha ampliado son los ERTE (hasta el 31 de enero de 2021) en un acuerdo in extremis y los deshaucios siguien estando prohibidos.
La única opción que le ha quedado a Visitación ha sido solicitar el ingreso mínimo vital, que también ha cambiado su procedimiento de solicitud. Dado el volumen de solicitudes que han llegado a la Seguridad Social, se ha agilizado el proceso y ahora se requiere menos documentación de primera mano para registrarla.