En Estados Unidos, el caso del joven Jacob llevó a la promulgación de la Ley Wetterling, que exige a los estados establecer y mantener registros de delincuentes sexuales. En España, algo similar ocurrió con la adolescente sevillana, Marta del Castillo. Su caso y posterior sentencia judicial conmocionó a la sociedad española y sirvió entre otras cosas, para justificar una nueva reforma del Código Penal en la que el Partido Popular introdujo la denominada “prisión permanente revisable”.
No es fácil determinar si esta medida, acompañada de otras que también reclaman especialistas de la judicatura, la abogacía y las fuerzas de seguridad servirán para evitar el número de desaparecidos que en una cantidad de casi cien al día, según datos oficiales, se producen en nuestro país. Pero lo cierto es que todos piden un esfuerzo colectivo para poner freno a esta sangría social.
Prisión hasta que aparezca el cadáver
Una de las voces que más claramente se ha manifestado en este sentido es la de Ángel Galán, presidente del Instituto de Probática e Investigación Criminal (IPIC). Este Comisario Principal Honorario del Cuerpo Nacional de Policía que durante su periodo en activo dirigió las pesquisas de los principales casos de desaparecidos ocurridos en España, duda de la validez de esto cambios.
Su propuesta pasa por mejorar la formación de los investigadores, que los jueces acepten de una forma más lógica los indicios y la posibilidad de mantener en prisión a un condenado hasta que no confiese la localización del cadáver, siempre y cuando, aclara haya “los suficientes indicios”.
No olvida tampoco reformas legales como las que en la década de los setenta y ochenta casi igualaron los delitos de asesinato con los de violación. Según este investigador, “ya en aquella época dijimos que esto lo único que iba a llevar es a la muerte y entierro de los cuerpos para que no aparezcan”. Y añade: “No va a haber menos violaciones; va a haber más desapariciones”.
Galán es muy crítico también con la “falta de consciencia” de quienes se colocan en situaciones de riesgo. Asegura que eso es lo que tienen en “común” casi todas las desapariciones, independientemente del sexo o la edad, “estar con personas que no debieran estar o estar por caminos por los que debieran de ir”.
No se negocia con asesinos y violadores
El caso de Jacob Wetterling ha dado la vuelta al mundo. Sus consecuencias legales han trascendido las fronteras de Estados Unidos y los registros de pederastas son ya una realidad en la lucha contra este tipo de delitos. Pero extraña en países como España que algunas de las herramientas legales existentes allí no puedan ser ‘importadas’ por nuestros legisladores.
El violador y asesino del joven Jacob confesó a la fiscalía de Estados Unidos tras meses de duras negociaciones. En España, este procedimiento, que nuestro ordenamiento denomina “conformidad” lo limita a los delitos penados con un máximo de 6 años de privación de libertad, según comenta a Informativos Telecinco el abogado penalista Gustavo García Tabares, por lo que sería imposible aplicarlo a casos como los de Marta del Castillo.
Este letrado señala que, no obstante, se empieza a abrir una puerta, con la denominada, “mediación penal”, un mecanismo para la “reparación moral y material a las víctimas”.
Danny Heinrich, el asesino confeso de Jacob, no está en la cárcel por haberlo violado y asesinado hace 27 años. Tampoco por un caso anterior de abuso a un menor. Estos dos delitos ya habían prescrito en el estado de Minnesota.
En España, habría pasado algo similar. Como reconoce García Tabares, los crímenes más graves prescriben a los 20 años de ser cometidos. Algo menos para los considerados “contra la libertad sexual”: 15 años.