El caso de la Manada puso en marcha iniciativas para reformar el código penal durante los últimos gobiernos de Rajoy y de Sánchez.
La ley actual establece entre los delitos sexuales que si no ha habido consentimiento se ha producido un abuso sexual. Si este se ha llevado a cabo con violencia o intimidación se denominaría agresión sexual y si en esta ha habido penetración se pasaría a denominar violación.
En el caso de la Manada, los tribunales antes de llegar al Supremo, estimaron que no había habido violencia o intimidación por lo que se calificó como abuso y despertó las protestas de la sociedad española.
Hay una reforma en marcha en manos del gobierno socialista con la que se eliminaría el abuso. El criterio de violencia se descarta y se pone el foco en el consentimiento. Cualquier contacto sexual no deseado sería agresión y como antes, si hay penetración sin consentimiento violación. El principal dilema del Ministerio de Justicia es buscar una fórmula para clarificar el sí es sí o el no es no.
Además, la reforma acabaría con las multas para los delitos más leves, todos conllevarían cargos de prisión. A pesar de las recomendaciones internacionales, solo 10 países en Europa definen la violación en sus legislaciones como sexo sin consentimiento; el resto siguen basándose en función de si hubo violencia, intimidación, superioridad o coacciones.