Con una subida sin precedentes del IPC, el Gobierno ha comprado, continuando con la estrategia de renovar la flota de coches oficiales iniciada en 2018, este año ha comprado 118 nuevos coches oficiales elevando el gasto a 1’7 millones de euros.
Una inversión que el Gobierno justifica alegando que los actuales coches tienen una antigüedad de 12 años y en la necesidad de invertir en híbridos y eléctricos. En la actualidad el Gobierno cuenta con 655 coches oficiales a lo que ahora se suman los nuevos 118, aumentando así la flota en un 20%. Esta compra se va a financiar a través del ‘Plan de apoyo a la industria de la automoción’, que cuenta con una inversión de más de 2.000 millones de euros hasta 2026.
Al margen de esta inversión, la flota completa del parque móvil del Estado ya supera los 36.000 vehículos -en este inventario, además de coches oficiales, hay motocicletas, furgonetas e, incluso, quads-. Todo esto ha obligado a aumentar el presupuesto destinado a esta partida, y en consecuencia del mayor número de coches, también se ha visto como ha crecido el gasto en personal.
Indignado, Joaquín Prat, no podía callar su opinión: “Y el Gobierno lo que plantea es que todos aquellos que hayan tenido la desgracia de haber sufrido un accidente de tráfico, en muchas ocasiones con consecuencias fatales, vayan a tener que tributar por las indemnizaciones recibidas. Se puede tener desvergüenza y, luego, se puede tener una desvergüenza mayúscula".
Y añadía: “Plantear que las víctimas de accidentes de tráfico que tengan que tributar por las indemnizaciones que reciben de las aseguradoras, me resulta casi obsceno. No sé si es con esto, entre otras cosas, con lo que pretenden financiar esos vehículos tan ecológicos que van a utilizar nuestros políticos”.