Solo ha pasado un mes desde que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, asumiera la presidencia del país por seis años, tras ganar las elecciones el pasado 30 de junio. Y desde entonces, cerca de 500 personas han sido ejecutadas por la policía por ser sospechosas de tráfico o posesión de drogas, tal y como recoge ABC News.
Según él mismo advirtió durante un discurso en su ciudada natal, en la ciudad de Davao, para éstos, "la rehabilitación ya no es una opción". Por ello, públicamente y ante toda su audiencia, manifestó: "Si los veis en vuestro vecindario, sentiros libres para llamarnos, a la policía, o hacerlo vosotros mismos si tenéis una pistola. Tenéis mi apoyo".
Del mismo modo, en otra intervención dejó clara su forma de pensar: "En una detención debes vencer la resistencia del criminal. Tienes que superarla. Y si lucha, y lucha a muerte, puedes matarle. Entonces os daré una medalla".
Ante esta situación, en Manila, donde la mayoría de las clínicas de desintoxicación son privadas y cuestan alrededor de los 900 euros mensuales mientras que el sueldo medio diario de muchos habitantes apenas llega a los 9 euros, los sectores más pobres y marginados de la población viven en un continuo estado de pánico.
Decenas de miles de personas que consumen estupefacientes han sido forzadas a rendirse masivamente durante ceremonias frente a la policía en las que hacen la promesa de abandonar las drogas.
Sin embargo, a menudo no pueden vencer al síndrome de abstinencia y ante la falta de ayudas y medidas sociales para superarlo se dan de bruces contra la Policía, que lleva sus advertencias hasta sus últimas consecuencias.
MÁS DE 200 ONG CONDENAN LA MATANZA
De este modo, la oleada de muertes continúa creciendo y escala a una velocidad que ha provocado que más de 200 organizaciones no gubernamentales integradas en el Consorcio Internacional de Control de Drogas intercedan condenando los hechos y exigiendo nuevas estrategias y medidas respetuosas con los Derechos Humanos, al tiempo que han pedido a las autoridades internacionales que censuren esta práctica.
Más de 200 organizaciones no gubernamentales integradas en el Consorcio Internacional de Control de Drogas han manifestado su condena por el aumento de muertes de narcotraficantes causadas por agentes de la Policía en Filipinas,
"La Junta Internacionl de Control de Drogas (INCB) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) deben condenar urgentemente el alarmante aumento de las muertes de sospechosos de consumo de drogas o traficantes en Filipinas", han asegurado las ONG que forman parte de este grupo, incluida Human Rights Watch (HRW).
En una carta pública, el Consorcio ha reclamado a las agencias internacionales especializadas en control de drogas que declaren "de forma inequívoca" que matar a traficantes o sospechosos de estar implicados en tráfico de drogas "no constituye una medida aceptable para el control" de estupefacientes.
"Las agencia internacionales de control de drogas tienen que dejar claro al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, que el aumento de muertes de supuestos traficantes de drogas y consumidores no es una medida aceptable de "control del delito" sino un fallo del Gobierno a la hora de proteger los derechos humanos más fundamentales", ha señalado el subdirector para Asia de HRW, Phelim Kine.
LA COMPLICIDAD CON LAS MUERTES NO CASA CON EL RESPETO A DDHH
El presidente Duterte, en su opinión, "debería entender que la complicidad activa o pasiva del Gobierno con esas muertes contradice su promesa de respetar los Derechos Humanos y mantener el Estado de Derecho".
La 'Lista de muertos', que publica dos veces por semana el diario 'Inquirer' y contabiliza el número de traficantes y consumidores de drogas muertos a manos de la Policía y de voluntarios justicieros, ha puesto de manifiesto que se ha registrado un aumento "inconfundible y pronunciado" de las muertes de estos sospechosos. En total, ha contabilizado 465 muertes entre el 30 de junio, el día que Duterte asumió la Presidencia de Filipinas, y el 1 de agosto.
La organización HRW (Human Rights Watch) ha dicho que los datos estadísticos oficiales ponen de manifiesto "un alarmante aumento" de las muertes de sospechosos de tráfico de drogas causadas por agentes de la Policía. "Los datos de la Policía Nacional indican que la Policía ha matado a al menos 192 presuntos delincuentes entre el 10 de mayo y el 10 de julio", ha indicado HRW.
"Ese balance de muertos en dos meses tras la victoria electoral de Duterte empequeñece las 68 muertes de sospechosos que la Policía registró en operaciones antidrogas entre el 1 de enero y el 15 de junio", ha asegurado la ONG, que ha recordado que la Policía ha justificado estas muertes porque los sospechosos se "resistieron a su arresto y dispararon a los agentes" pero no ha aportado "pruebas" de que los agentes actuaran en defensa propia.
En su misiva, las más de 200 ONG que forman el Consorcio Internacional de Control de Drogas han pedido a UNODC y a la INCB que dejen claro al presidente Duterte que debe poner fin a estos "asesinatos extrajudiciales" y debe adoptar "todas las medidas" necesarias para controlar el tráfico de drogas "de acuerdo con el derecho internacional".
En su opinión, el presidente de Filipinas debe garantizar que todos los sospechosos de tráfico de drogas tienen "derecho" a un juicio justo y debe impulsar una nueva estrategia contra el tráfico de estupefacientes que respete los Derechos Humanos.
"Las agencias internacionales de control de drogas pueden tener un papel inestimable en detener el aumento de muertes de traficantes de drogas y consumidores a manos de la Policía y de justicieros no identificados", ha subrayado Kine. "La situación actual en Filipinas pone los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la seguridad de los filipinos en un riesgo inmediato", ha concluido.