La petición del presidente intenta dar respuesta a una de las crisis humanitarias más importantes de todas las registradas a lo largo de la historia en la frontera que separa a Estados Unidos de México.
El dinero, solicitado en concepto de gastos de emergencia, se destinaría tanto a pagar asistencia a los niños como a acelerar el regresos a sus países de origen. La petición de financiación pondrá a prueba la capacidad de Obama de negociar de manera efectiva con los legisladores republicanos.
Pero también con esta iniciativa, el mandatario se arriesga a perder la confianza de sus aliados latinos en Estados Unido, quienes pretenden que actúa flexibilizando, y no endureciendo las leyes de inmigración.
Por eso no se ha entendido el anuncio previo realizado por la Casa Blanca este lunes de que a los menores se les aplicará la ley de 2008 aprobada para combatir el tráfico de menores. Algo que le obligará a pedir al Congreso "más competencias" para afrontar esta situación "De forma humanitaria y cumpliendo nuestras leyes".
En concreto, pedirán que el secretario de Interior, Jeh Johnson, pueda "ejercer a discreción para retirar a los niños de inmediato" y deportarlos.
Se estima que hay más de 52.000 menores no acompañados y 39.000 mujeres apresados en lo que va de año tras cruzar la frontera ilegalmente. En junio, Obama ordenó a las agencias federales que suministraran alojamiento y alimento a los niños, concentrados en los estados de California, Texas y Oklahoma, pero ahora parece endurecer el discurso.