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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propondrá el nombramiento de la hasta hoy ministra de Justicia Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado. Ello supone una decisión sin precedentes que permitirá a esta última saltar directamente del Ejecutivo a la cúpula del Ministerio Público, donde podrá controlar, entre otros asuntos, la fase de ejecución de la sentencia del 'procés' independentista en Cataluña al dirigir la labor de los fiscales del caso, en fase de ejecución tras dictarse la sentencia por sedición. La decisión de Sánchez se ha conocido el mismo día que su equipo ha tomado posesión, conformándose así el primer Gobierno de coalición de la historia.
Delgado sustituirá en el cargo a María José Segarra, si bien su llegada a la Fiscalía General no es automática y deberá ser precedida de ciertos trámites que detalla tanto la Constitución como el Estatuto del Ministerio Fiscal. Según ambas normas, Delgado deberá ser nombrada por el Rey una vez oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.
Ambos trámites se dirigen a chequear si el candidato cumple con determinados trámites formales, como ser jurista de reconocido prestigio con al menos quince años de ejercicio efectivo de su profesión, y no tienen capacidad real de vetar la decisión del Gobierno. Una vez éstos pasos se cumplimenten, Delgado pasará directamente a dirigir el Ministerio Público, donde prima el principio de jerarquía. Y lo hace tras ocupar un puesto en el Gobierno desde el que dirigió la acción de la Abogacía del Estado, que en la causa del 'procés' se ha venido posicionando de forma discrepante a los criterios de los cuatro fiscales del caso: cambiando la petición de condena de rebelión por la de sedición -que fue la que obtuvo el aval del tribunal-, e informando después a favor de que el ex líder de ERC, Oriol Junqueras pudiera cumplimentar los trámites para ejercer de europarlamentario.
La posición de la Fiscalía en este asunto podría cambiar, ya que la elección de Delgado por Sánchez parece obedecer al objetivo de superación de la "deriva judicial" del conflicto independentista en Cataluña al que se comprometió presidente del Gobierno en el debate de investidura. De hecho, el acuerdo pactado entre el PSOE y ERC subraya expresamente el "reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo". "Solo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo", dice este documento.
Delgado nació en Madrid en 1962 y hasta su entrada en el Ejecutivo la pasada legislatura ejercía de fiscal coordinadora contra el yihadismo en la Audiencia Nacional. Ingresó en dicho órgano en 1993 y desde entonces su labor se centró en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo etarra y, posteriormente, yihadista, en el que se especializó tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Tocada por el 'caso Villarejo', cuenta con experiencia en el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011 y preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad. Durante los últimos meses, el Ministerio que ha dirigido ha realizado numerosos actos para "sacar de la fosa de la desmemoria", como la propia Delgado explicó, al exilio republicano, con motivo de su 80 aniversario. También se ha centrado en la recuperación y reparación de la dignidad de las víctimas del franquismo.
Por supuesto, la decisión no ha sido del agrado de todos. Tanto el Partido Popular como Vox y Ciudadanos han mostrado su indignación a través de Twitter por el nuevo cargo de Dolores Delgado. Pablo Casado la ha calificado como "la ministra número 23", mientras que Santiago Abascal ha mostrado su rechazo alegando que es un "golpe institucional de Pedro Sánchez para que el PSOE se apodere del Estado".
Por su parte, los Populares también han anunciado que Pablo Casado recurrirá el nombramiento para "despolitizar la justicia".