Según el acuerdo, se destinarán 22 millones de euros en la próxima década a la mejora del transporte público, con una aportación calculada en función de los 4,5 millones de visitantes del templo cada años. Asimismo, aportará siete millones a mejoras de accesibilidad en Metro que se destinarán en una comisión de trabajo para reducir los visitantes que utilizan los actuales acceso a la estación Sagrada Familia.
La Junta Constructora contribuirá con cuatro millones a reurbanizar las calles del entorno del templo y con otros tres en diez años a servicios municipales derivados de la actividad del templo, como limpieza, vigilancia y agentes cívicos.
Sin privilegios
El presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia ha insistido que el acuerdo "no implica ningún privilegio especial". Responsables de ambas partes acordaron en 2016 crear una comisión técnica que estudiará cómo regularizar las obras del templo, que está en construcción desde hace más de 130 años sin licencia del Ayuntamiento. Está previsto que este termine de levantarse en 2026.