Esta causa judicial se inició en 2009 a raíz de la denuncia de una empresaria. Se investiga una presunta trama de corrupción y cobro de comisiones ilegales vinculadas a destacados exdirigentes del PNV alavés.
Alfredo de Miguel, exnúmero dos del PNV de Álava y al que la Fiscalía considera el "dirigente" de una asociación ilícita dedicada al cobro de comisiones ilegales y otras actividades delictivas, se enfrenta a una posible condena de más de 54 años de prisión.
El escrito de acusación del Ministerio Público implica a 26 personas, a las que atribuye diversos grados de responsabilidad en este presunto entramado, que se habría desarrollado entre 2005 y 2009. Entre los acusados figuran, además del propio De Miguel, otros destacados exdirigentes del PNV, como Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, para los que pide 32 años de prisión a cada uno.
El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, constata en su escrito de acusación que De Miguel "ideó la creación", en una fecha indeterminada anterior a 2005, de "un entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo".
El plan para llevar a cabo estas actuaciones --explica el escrito Ministerio Público-- "fue acordado" por Alfredo de Miguel; su esposa Ainhoa Bilbao Lasa, Aitor Telleria; la mujer de éste, Araceli Bajo López, y Luis Felipe Ochandiano y su esposa, Iratxe Gaztelu-Urrutia Sánchez.
"ENRIQUECIMIENTO PERSONAL"
De Miguel, según el fiscal, "aprovechándose de las responsabilidades políticas y/o administrativas que ostentase en cada momento por su pertenencia al PNV, y contando con la ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados, algunos de los cuales también tenían responsabilidades", utilizó este entramado "para obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas".
La red que, según el fiscal, diseñó De Miguel, se dedicaba, principalmente, a "obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones o entes públicos gobernados por el PNV".
MULTA MILLONARIA
El ministerio público considera que estas contrataciones se adjudicaban a empresas propiedad del exdirigente jeltzale, como Kataia Consulting, o a terceras personas u otras empresas con las que De Miguel "mantenía relación o vinculación de una u otra manera". A través de esas contrataciones, la red obtenía distintas cantidades de dinero "por trabajos que nunca fueron realmente hechos".
La Fiscalía atribuye a De Miguel alrededor de una veintena de delitos relacionados con la corrupción, así como un delito de asociación ilícita en grado de dirigente. Entre los tipos penales atribuidos al principal acusado en esta causa se encuentran, además, el blanqueo de capitales, cohecho, fraude en la contratación, coacciones, malversación y tráfico de influencias.
La suma de penas solicitadas por estos tipos penales es de 54 años y diez meses de cárcel. Asimismo, el Ministerio Público reclama a De Miguel el pago de una fianza de 25 millones de euros.
En el caso de Aitor Telleria, el fiscal pide una condena de 32 años de cárcel y una fianza de tres millones de euros, mientras que para Koldo Ochandiano solicita 32 años y una fianza de un millón de euros.
Entre los imputados también figura Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura en el gobierno de Juan José Ibarretxe; el exdirector de Juventud, también en el gabinete de Ibarretxe, Xabier Sánchez Robles, y el exdirector de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco Julián Sánchez Alegría.
También están imputados Maria Justina Angulo, Alfonso Arriola, Jesús José Arruti, Estíbaliz Arruti, Josu Arruti, Araceli Bajo, Miren Bilbao, Ainhoa Bilbao, Placid Casas, Aintzane de Miguel, Gorka Errasti, Iñaki Etxaburu, Francesc Fernández, Sergio Fernández, Iratxe Gaztelu, Prudencio del Hierro, Josu Montes, Joaquin Sabater, Iñaki San Juan y Ramón Tomas i Riba.