Entra en vigor la Ley Sinde-Wert que prohíbe las descargas de contenidos protegidos

El Real Decreto para evitar la descarga de contenidos protegidos por derechos de autor en internet ha entrado en vigor. Una Comisión de Propiedad Intelectual decidirá qué webs violan la conocida como ley Sinde-Wert y advertirán a los propietarios. Si en 48 horas no retiran los contenidos censurados, un juez intervendrá y podrá cerrar el portal infractor en 20 días. Así, el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ha asegurado que "hoy es un día de celebración", mientras que el presidente de la Asociación de internautas, Víctor Domingo, ha señalado que "sólo los jueces pueden retirar contenidos de una página web. A primera hora de la mañana se ha registrado la primera denuncia, según su autor, para poner a "prueba" la ley.

Aunque en un principio fue la ministra de Cultura socialista Ángeles González-Sinde el blanco de todas las iras de los internautas, finalmente el Gobierno del PSOE no materializó la ley. Estuvo cerca en sus últimos Consejos de Ministros, pero optó por dejarlo estar y pasarle al PP la patata caliente.

El nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó la nueva regulación antidescargas el 30 de diciembre de 2011, sin modificar lo que sobre la mesa tuvo el anterior Gobierno, aprobado de manera mayoritaria en las Cortes.

De esta manera la ley se hacía realidad y señalaba al 1 de marzo como fecha en rojo en el calendario, ya con José Ignacio Wert al frente del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

"Un día de celebración"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha afirmado sobre la entrada en vigor del nuevo Reglamento que es un "día de celebración" para los que piensan que la protección de este derecho "es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que la cultura española sea respetada en el mundo".

Antes de inaugurar un simposio en la Fundación Ramón Areces, el ministro ha indicado que este texto es importante para que las industrias culturales españolas "permitan un desarrollo que en este momento necesitamos mucho".

"Solo los jueces pueden retirar contenidos"

Por su parte, el presidente de la Asociación de internautas, Víctor Domingo, ha declarado que sólo los jueces "puede retirar contenidos de una página web, porque cualquier página es un medio de comunicación".

En declaraciones a RNE, el responsable ha mostrado su preocupación por la entrada en vigor de la Ley Sinde ya que "puede poner en una inseguridad jurídica al conjunto de las páginas web. No sólo las páginas de descargas", ha declarado.

Se registra la primera denuncia

El músico y miembro de la Sociedad General de Autores (SGAE), Eme Navarro, ha intentado poner a prueba la supuesta "ineficacia" de la ley el mismo día de su entrada en vigor.

Navarro presentó a primera hora de la mañana una denuncia ante la Sección Segunda de la comisión de la Propiedad Intelectual contra 210 webs por enlazar una de sus canciones con copyright compuesta expresamente para esta acción, ya que el músico compone fundamentalmente obras libres de derechos.

Esta iniciativa forma parte del proyecto promovido por la organización Hacktivistas.org y su página web wertdeenlaces.net, la cual animaba a los usuarios a compartir enlaces para saber cómo actuaría la nueva norma legal.

Cómo funciona la comisión

El Real Decreto pone en marcha la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, compuesta por un grupo de funcionarios, cuyos nombres aún se mantienen en secreto. Dicha Comisión servirá de puente entre los propietarios de los derechos de autor y los dueños de las páginas webs, con la intención de reestablecer la legalidad en internet.

Esto supone que los miembros de la Comisión tendrán poder para solicitar la retirada de contenidos e incluso el cierre de las páginas que los alojen o enlacen sin permiso de los titulares.

El proceso siempre comenzará a partir de una solicitud del titular de estos derechos de autor, y en este instante la Comisión actuará si considera que la web denunciada tiene ánimo de lucro o ha causado un daño patrimonial.

Se inicia así un proceso administrativo que puede durar en torno a 20 días, y en el que el Juzgado Central de los Contencioso Administrativo tendrá que pronunciarse hasta en dos ocasiones si los dueños de la web no acuerdan la retirada de contenidos.

Una vez aceptada a trámite una solicitud, se pide al juez una petición de autorización para identificar al responsable, a quien se contactará seguidamente para informarle.

Éste tiene 48 horas desde ese momento para retirar contenidos o presentar alegaciones. Después hay un plazo de deliberación, tras el cual si la Comisión cree que hay vulneración solicita de nuevo la intervención judicial, quien en última instancia decide sobre la interrupción o retirada.

Por último, la ejecución de esta decisión judicial puede ser voluntaria o forzosa, en cuyo caso se solicitará (al igual que a la hora de identificar) la colaboración del prestador de servicios de internet (empresas de telecomunicaciones).